#Odebrecht se comprometió a entregar pruebas de coimas en Argentina

Los abogados de Odebrecht dieron un gran y prometen colaboración y el aporte de información sensible.



Los abogados letrados de la empresa constructora Odebrecht se reunieron por primera vez frente a frente con un representante de la Justicia argentina y acordaron la entrega de los nombres y pruebas del pago de sobornos a funcionarios argentinos.

Los defensores de Marcelo Odebrecht, dueño de la firma, aseguraron que la colaboración se hará concreta a partir de marzo, tras la finalización de los carnavales en Brasil.

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Brasilia, en el marco de la reunión de procuradores iberoamericanos, convocada por los fiscales del caso Lava Jato con el objetivo de acordar la entrega de información importante a los once países donde la compañía cometió delitos de corrupción. Dos abogados de Odebrecht se reunieron con el fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encargada de investigar casos de corrupción.

Los defensores le dijeron al fiscal que estudian la legislación argentina para evaluar hasta dónde llegará la colaboración de la empresa y qué beneficios pueden obtener los ejecutivos al confesar los delitos de cohecho.

La empresa brasileña ha admitido el pago de coimas por US$ 35 millones entre 2008 y 2014 en Argentina.

La Justicia permitirá escarcelar a los ejecutivos de Odebrecht y les dará la posibilidad de seguir operando en el mercado de la construcción a cambio de su colaboración.

Entre tanto, los defensores de Marcelo Odebrecht estudian qué podría ofrecer la Justicia argentina a cambio de esa colaboración.

Fuentes del caso explicaron a este medio que la nueva ley del arrepentido permite la morigeración de la pena y la excarcelación de los ejecutivos que confiesen.

El 1º de junio es la fecha límite para que la constructora presente ante la Justicia argentina las pruebas y testimonios del pago de coimas a funcionarios argentinos e intermediarios privados. Así lo estableció el acuerdo de colaboración firmado entre la empresa y los fiscales de Brasil que llevan adelante el caso.

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