Le dieron seis meses de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación por haber revelado en una nota televisiva detalles de una junta médica del caso Angeles Rawson.
El perito Adolfo Méndez, que formaba parte de la defensa del portero Jorge Mangeri, preso por el femicidio de Ángeles Rawson, fue condenado por difundir información de la causa en medio de la etapa de instrucción.
El juez Francisco Ponte condenó al perito Méndez a seis meses de prisión y le fijó tres años de inhabilitación para ejercer por haber difundido información que debía permanecer secreta, según publicó el portal Fiscales.gob.ar.
El fiscal Ariel Yapur había solicitado para Méndez un año de cárcel y cuatro de inhabilitación.
El 26 de agosto de 2013, el perito participó de una entrevista telefónica en el canal C5N donde divulgó la hora de muerte de la joven, que la víctima había sangrado profusamente por la boca, y que la muerte fue por estrangulamiento en un solo acto.
El perito también reveló en esa entrevista que la víctima tenía un golpe de puño en la cara y que él creía que era una de las lesiones vitales y que probablemente había sido la que la colocó en estado de coma.
Además, Méndez aseguró que las lesiones que tenía la joven fueron señaladas por la perito ginecológica como compatibles con las de un ataque sexual pero que, en su opinión, eran también factibles con "prácticas sexuales consentidas de índole masoquista".
Durante su alegato, el fiscal Yapur que tuvo a cargo la causa aseguró que Méndez fue notificado de su deber de reserva tanto al momento de aceptar su cargo como perito, como también cuando comenzó la junta médica y adjuntó un acta del Cuerpo Médico Forense del 9 de agosto de 2013 donde se impone el estricto deber de reserva previsto en el Código Procesal Penal.
Como Méndez no cumplió, Yapur lo acusó por el delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, donde se prevén penas de entre un mes y dos años para el funcionario público que revelara derechos, actuaciones documentos o datos que por ley deben ser secretos.
"Los datos que dio, más allá de si fueron de una falta de ética profesional, constituyeron un quebrantamiento de su deber como perito", sostuvo el fiscal en su alegato.
Y agregó: "El conocimiento puntual de la opinión pública fue de boca de Méndez en esta entrevista, reveló detalles aunque estaba prohibido que lo hiciera".
El perito Adolfo Méndez, que formaba parte de la defensa del portero Jorge Mangeri, preso por el femicidio de Ángeles Rawson, fue condenado por difundir información de la causa en medio de la etapa de instrucción.
El juez Francisco Ponte condenó al perito Méndez a seis meses de prisión y le fijó tres años de inhabilitación para ejercer por haber difundido información que debía permanecer secreta, según publicó el portal Fiscales.gob.ar.
El fiscal Ariel Yapur había solicitado para Méndez un año de cárcel y cuatro de inhabilitación.
El 26 de agosto de 2013, el perito participó de una entrevista telefónica en el canal C5N donde divulgó la hora de muerte de la joven, que la víctima había sangrado profusamente por la boca, y que la muerte fue por estrangulamiento en un solo acto.
El perito también reveló en esa entrevista que la víctima tenía un golpe de puño en la cara y que él creía que era una de las lesiones vitales y que probablemente había sido la que la colocó en estado de coma.
Además, Méndez aseguró que las lesiones que tenía la joven fueron señaladas por la perito ginecológica como compatibles con las de un ataque sexual pero que, en su opinión, eran también factibles con "prácticas sexuales consentidas de índole masoquista".
Durante su alegato, el fiscal Yapur que tuvo a cargo la causa aseguró que Méndez fue notificado de su deber de reserva tanto al momento de aceptar su cargo como perito, como también cuando comenzó la junta médica y adjuntó un acta del Cuerpo Médico Forense del 9 de agosto de 2013 donde se impone el estricto deber de reserva previsto en el Código Procesal Penal.
Como Méndez no cumplió, Yapur lo acusó por el delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, donde se prevén penas de entre un mes y dos años para el funcionario público que revelara derechos, actuaciones documentos o datos que por ley deben ser secretos.
"Los datos que dio, más allá de si fueron de una falta de ética profesional, constituyeron un quebrantamiento de su deber como perito", sostuvo el fiscal en su alegato.
Y agregó: "El conocimiento puntual de la opinión pública fue de boca de Méndez en esta entrevista, reveló detalles aunque estaba prohibido que lo hiciera".
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