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Una funcionaria chavista admite "una ruptura del orden constitucional" en #Venezuela

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, sorpresivamente denunció la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia que anula la Asamblea Nacional, de mayoría opositora



La decisión del máximo tribunal venezolano de adjudicarse las funciones del Parlamento, de amplia mayoría opositora, abrió este viernes una grieta en el chavismo luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al gobierno, denunciara una "ruptura del orden constitucional".

En un sorpresivo giro, Ortega rechazó dos sentencias con las cuales el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó esta semana al Legislativo de sus competencias y a los diputados de inmunidad.

El bloque opositor denuncia que se consumó un "golpe de Estado" y desconoce al TSJ.

"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...), lo que constituye una ruptura del orden constitucional", señaló Ortega, confesa chavista, al referirse a las sentencias durante un acto público.

Es la primera alta funcionaria del Estado que critica los fallos judiciales, que desataron una oleada de rechazo en la comunidad internacional marcada por denuncias de ruptura institucional.

Aunque se distanció de las declaraciones de gobernantes extranjeros, Ortega dijo que era "una obligación" expresar su "alta preocupación".

"La última sentencia del TSJ es el peor ataque contra la democracia y Maduro no puede pretender que no produzca efectos en la estructura de poder. La fiscal, garante de la legalidad, da un gran paso: esto significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista", dijo a la AFP el politólogo Luis Salamanca.

Naciones Unidas se sumó este viernes al alud de críticas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, solicitó a la corte que "reconsidere su decisión", al subrayar que "la separación de poderes es fundamental" para la democracia.

Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos, junto con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ya habían expresado el jueves su rechazo.

Perú retiró a su embajador en Caracas, y Chile y Colombia llamaron a consultas a los suyos.

Almagro, quien acusa a Maduro de dar un "autogolpe", solicitó formalmente este viernes la convocatoria a una sesión urgente del Consejo Permanente de la OEA para "adoptar las decisiones que estime conveniente".

Argentina, en tanto, convocó un encuentro de cancilleres de Mercosur para el sábado en Buenos Aires.

En medio de las tensiones, la canciller Delcy Rodríguez suspendió un acto en el que expresaría este viernes su apoyo a las decisiones del TSJ. No se informó los motivos.

Pero el gobierno aseguró más temprano que "es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela".

"Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores, declarados abiertamente en desacato a las decisiones" del tribunal, señaló un comunicado de la cancillería.

Rodríguez también denunció una "histérica campaña" dirigida por Estados Unidos y que involucraría a gobiernos de derecha para desestabilizar a Maduro.

El presidente mantiene silencio sobre la crisis desatada por los dictámenes contra el Parlamento.

El TSJ alega que la cámara se encuentra en "desacato" por la juramentación de tres diputados indígenas de la oposición cuya elección había sido anulada por la justicia por presunto fraude. Bajo ese argumento ha anulado todas sus decisiones.

La oposición, en tanto, inició este viernes protestas callejeras en Caracas entre llamados para la convocatoria de elecciones generales, lo que Maduro descarta de plano.

"Hago un llamado a la organización y a la calle con un solo foco: desconocer la dictadura y rescatar la democracia a través del voto", señaló el encarcelado opositor Leopoldo López en una cuenta de Twitter que maneja su familia.

Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras los de gobernadores, que debieron realizarse a finales del año pasado, fueron pospuestos y aún no tienen fecha.

Un grupo de estudiantes universitarios marchó temprano hacia la sede del TSJ y chocó con militares que impidieron su llegada al tribunal. Sus líderes denuncian detenciones y agresiones contra manifestantes y periodistas.

También hubo bloqueos de vías en los alrededores de la barriada popular de Petare, en tanto que en las cercanías de la Fiscalía, adonde acudirían diputados para denunciar los fallos, se presentaron refriegas con partidarios chavistas, constató la AFP.

Para el sábado fue convocada una manifestación en la capital.

Según la internacionalista Elsa Cardozo, el reto de la oposición es capitalizar el rechazo internacional, que amplió su "margen de maniobra para dar legitimidad a los pedidos de elecciones y liberación de presos políticos".

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