Allanaron sedes de la Procuración por la polémica compra de un edificio

Por orden del juez Ercolini, efectivos de la Policía Federal se llevaron documentación de cuatro sedes del organismo que dirige Gils Carbó en las que trabajó uno de sus funcionarios ahora desplazado.



Cuatro sedes de la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó fueron allanadas hoy por la Justicia Federal en el marco de la causa que se investigan supuestas irregularidades en la compra de un inmueble por parte de ese organismo.

Fuentes judiciales informaron que por orden del juez Julián Ercolini, y tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, la Policía Metopolitana realizó allanamientos en cuatro sedes oficiales y dos inmuebles particulares en búsqueda de documentación.

Los allanamientos incluyeron a una sede de la inmobiliaria Jaureguigerry Asesores que participó de la operación de compra- venta del edificio donde funciona la Procuración General, y a la casa de Guillermo Bellingi, el funcionario del organismo que ya fue separado de su cargo a raíz de esta causa.

En los allanamientos se secuestró la computadora de Bellingi y en el edificio central de la Procuración se hizo entrega de los registros de visitas al despacho de ese exfuncionario: según confirmaron fuentes judiciales a NA se realizaron operativos en la sede administrativa de la Procuración, en la Avenida de Mayo; en el edificio de la polémica, y en otras dos dependencias del organismo ubicadas en la calle 25 de Mayo y en la avenida Belgrano.

El contador Bellingi se desempeñaba en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y antes había sido subdirector general de la Procuración.

La investigación se inició a partir de una denuncia contra Gils Carbó por los presuntos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de la compra en 2013 del edificio de la calle Perón 667, donde la procuradora tiene su despacho.

Fue el fiscal federal Carlos Rívolo quien realizó la investigación preliminar que apunta no sólo a Gils Carbó sino también a su exmarido Héctor Alonso, vinculado con la inmobiliaria que intervino en la operación.

La sospecha surgió a partir del pago de una comisión de 8 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores, por parte de la firma Arfinsa SA, mientras que la primera de ellas subcontrato a Juan Thill para que intercediera en la operación.

Thill es hermano de Bellingi, quien era subdirector general de la Procuración cuando se hizo la compra y ahora quedó bajo la mira.

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