Cristina Kirchner pidió la nulidad de su procesamiento en la causa por favorecer a Lázaro Báez

Entre otros puntos, además, planteó que el fallo del juez Ercolini llega “al absurdo” de considerar que un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades por el pueblo argentino constituyó, lisa y llanamente, una organización delictiva destinada a saquear los bienes del Estado durante doce años



En un extenso pedido presentado por el abogado de la exmandataria, Carlos Alberto Beraldi, se solicitó que “se tenga por presentado en tiempo y legal forma este informe en sustitución de la audiencia fijada para el día de la fecha, y que se declare la nulidad de la resolución recurrida o en su defecto se revoque en todo cuanto ha sido materia de agravio”.

Según el escrito, “en virtud de la inusitada gravedad institucional que apareja la resolución recurrida y las garantías constitucionales que se ven afectadas (vgr., principio de legalidad -sustantivo y adjetivo-, principio de culpabilidad, derecho de defensa en juicio, estado de inocencia, prohibición de doble juzgamiento por un mismo hecho y derecho de propiedad)“, Cristina Kirchner solicitó a su lego que acuda, en caso de ser necesario, “ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías pertinentes“.

La ex presidenta destaca en el mismo que “jamás he tenido que ocuparme de contestar y rebatir una decisión que resulte tan vergonzosa como la que aquí se analiza y que llega al absurdo de considerar que un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades consecutivas por el pueblo argentino -en las dos últimas por amplias mayorías populares, hecho inédito en nuestro país- constituyó, lisa y llanamente, una organización delictiva destinada a saquear los bienes del Estado durante doce años“.

El texto escrito por el Dr. Beraldi afirma que el magistrado a cargo de la causa, Julián Ercolini, actuó con una “arbitraria persecución judicial de la que resulta objeto (CFK)”, en este caso particular, en la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo a favor de las empresas de Lázaro Báez.

En su pedido de nulidad, la presentación considera que “estamos en presencia de lo que se han denominado “vías de hecho”, lo que ocurre cuando el magistrado o funcionario que actúa o decide lo hace de un modo completamente arbitrario e irregular que comporta una agresión grosera y brutal al ordenamiento jurídico, hasta el punto de que su actuación aparece como un puro hecho material desprovisto de toda justificación legal y, por ende, carente de validez por haberse desnaturalizado“.

Durante la extensa enumeración de datos que consideran han sido “montados“, el defensor de Cristina Kirchner habló sobre “los medios de comunicación opositores al anterior gobierno, que montaron una campaña permanente y sistemática de descrédito“, los “organismos del Estado, de manera subrepticia, se han sumado a la campaña de persecución“, la “persecución sistemática y descarada“, y la grabación de “conversaciones privadas de mi defendida que luego fueron “filtradas” a la prensa de manera sistemática, con el inequívoco propósito no solo de afectar su credibilidad“, refiriéndose sin nombrarlo a los audios grabados al extitular de la AFI Oscar Parrili, por una causa en la que Ibar Pérez Corradi lo acusa de encubrimiento.

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