La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal firmó este lunes tres fallos en los que rechazó los planteos del empresario Lázaro Báez, su abogado, Jorge Chueco, y del presidente de Top Air, Walter Zanzot, en el marco de la causa por lavado de dinero a través de maniobras de la financiera SGI.
El Tribunal no hizo lugar al pedido de excarcelación de Chueco, un planteo de inconstitucionalidad del dueño de Austral Construcciones y a la devolución de los aviones y fondos pertenecientes a la empresa Top Air que reclamó Zanzot.
La Sala IV, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Liliana Catucci, desestimó los recursos de queja interpuestos por las defensas de Lázaro Báez y Zanzot y declaró inadmisible el recurso de casación deducido por la defensa del abogado detenido.
Las defensas buscaban impugnar las decisiones de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Báez, Chueco y Zanzot se encuentran procesados por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares con facturación apócrifa simulando gastos en los contratos de obra pública con el Estado Nacional, y su posterior reintroducción al sistema financiero nacional.
El Tribunal no hizo lugar al pedido de excarcelación de Chueco, un planteo de inconstitucionalidad del dueño de Austral Construcciones y a la devolución de los aviones y fondos pertenecientes a la empresa Top Air que reclamó Zanzot.
La Sala IV, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Liliana Catucci, desestimó los recursos de queja interpuestos por las defensas de Lázaro Báez y Zanzot y declaró inadmisible el recurso de casación deducido por la defensa del abogado detenido.
Las defensas buscaban impugnar las decisiones de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Báez, Chueco y Zanzot se encuentran procesados por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares con facturación apócrifa simulando gastos en los contratos de obra pública con el Estado Nacional, y su posterior reintroducción al sistema financiero nacional.
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