La Cámara Federal respaldó la decisión del juez federal Daniel Rafecas
La Cámara Federal porteña ratificó hoy el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito que se había abierto contra la diputada Elisa Carrió, luego de que uno de los denunciantes aseguró que le pagaron para acusarla, informaron fuentes judiciales.
La Sala II de la Cámara respaldó la decisión del juez federal Daniel Rafecas, pese a la apelación que promovió la fiscal Paloma Ochoa, con el respaldo de su superior jerárquico Germán Moldes. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron el archivo de la causa, mientras se abrió un segundo expediente para investigar al albañil que reconoció haber cobrado dinero para emitir la acusación, dijeron los portavoces.
La denuncia por enriquecimiento ilícito contra la diputada Carrió (líder de la Coalición Cívica-ARI y cofundadora de la alianza gobernante Cambiemos) se abrió a fines de 2016, cuando un hombre llamado Saúl Enrique Paz hizo una primera denuncia pero nunca se presentó a ratificarla. Cuando el juez Rafecas cerró el expediente, apareció una denuncia similar promovida por un abogado, Mariano Valdez, con términos similares, que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
Enterada de la cuestión, la Sala II de la Cámara Federal ordenó ubicar al primer denunciante y allí se descubrió que a Paz le habían pagado 1.500 pesos para denunciar a la legisladora, según declaró él mismo ante Rafecas, recordaron las fuentes. A raíz de ello, Rafecas resolvió desestimar y archivar las denuncias, por entender que no respondían a "alertar a la autoridad acerca de un hecho ilícito, sino más bien a una maniobra presuntamente fraudulenta destinada a generar un estado de sospecha, en este caso, respecto de una funcionaria pública".
Pero la fiscal Ochoa apeló en base al segundo denunciante, y su superior Moldes la respaldó a la espera de que las causas se cierren por sobreseimientos y no por desestimaciones. En el medio, el abogado Valdez se presentó a aclarar que su denuncia surgía en base a un anónimo que le había llegado a su estudio.
El juez Irurzun cuestionó el dictamen de Moldes, al entender que "no se desprende de su memorial una crítica específica a las consideraciones vertidas por el Magistrado a quo para concluir como lo hizo" y entendió que el fallo debía ser confirmado.
Mientras, Farah se metió en el fondo de la cuestión, analizó las extrañas circunstancias que rodearon la denuncia del albañil y del abogado y afirmó que "en la resolución apelada se explica sobradamente como es que la denuncia del abogado Valdez resulta en su contenido y literalidad conforme a la que había presentado el albañil Paz". Sostuvo entonces que "en tanto la pretensión fiscal de iniciar una investigación afinca exclusivamente en ese tipo de anoticiamientos, entiendo que la misma no puede ser válidamente admitida".
La Cámara Federal porteña ratificó hoy el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito que se había abierto contra la diputada Elisa Carrió, luego de que uno de los denunciantes aseguró que le pagaron para acusarla, informaron fuentes judiciales.
La Sala II de la Cámara respaldó la decisión del juez federal Daniel Rafecas, pese a la apelación que promovió la fiscal Paloma Ochoa, con el respaldo de su superior jerárquico Germán Moldes. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron el archivo de la causa, mientras se abrió un segundo expediente para investigar al albañil que reconoció haber cobrado dinero para emitir la acusación, dijeron los portavoces.
La denuncia por enriquecimiento ilícito contra la diputada Carrió (líder de la Coalición Cívica-ARI y cofundadora de la alianza gobernante Cambiemos) se abrió a fines de 2016, cuando un hombre llamado Saúl Enrique Paz hizo una primera denuncia pero nunca se presentó a ratificarla. Cuando el juez Rafecas cerró el expediente, apareció una denuncia similar promovida por un abogado, Mariano Valdez, con términos similares, que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
Enterada de la cuestión, la Sala II de la Cámara Federal ordenó ubicar al primer denunciante y allí se descubrió que a Paz le habían pagado 1.500 pesos para denunciar a la legisladora, según declaró él mismo ante Rafecas, recordaron las fuentes. A raíz de ello, Rafecas resolvió desestimar y archivar las denuncias, por entender que no respondían a "alertar a la autoridad acerca de un hecho ilícito, sino más bien a una maniobra presuntamente fraudulenta destinada a generar un estado de sospecha, en este caso, respecto de una funcionaria pública".
Pero la fiscal Ochoa apeló en base al segundo denunciante, y su superior Moldes la respaldó a la espera de que las causas se cierren por sobreseimientos y no por desestimaciones. En el medio, el abogado Valdez se presentó a aclarar que su denuncia surgía en base a un anónimo que le había llegado a su estudio.
El juez Irurzun cuestionó el dictamen de Moldes, al entender que "no se desprende de su memorial una crítica específica a las consideraciones vertidas por el Magistrado a quo para concluir como lo hizo" y entendió que el fallo debía ser confirmado.
Mientras, Farah se metió en el fondo de la cuestión, analizó las extrañas circunstancias que rodearon la denuncia del albañil y del abogado y afirmó que "en la resolución apelada se explica sobradamente como es que la denuncia del abogado Valdez resulta en su contenido y literalidad conforme a la que había presentado el albañil Paz". Sostuvo entonces que "en tanto la pretensión fiscal de iniciar una investigación afinca exclusivamente en ese tipo de anoticiamientos, entiendo que la misma no puede ser válidamente admitida".
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