La procuradora general de la Nación deberá declarar el próximo 31 de agosto
El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presuntas irregularidades en la compra en 2013 del edificio donde funciona el organismo.
La citación es a raíz de un pedido que hizo el fiscal del caso Eduardo Taiano.
La citación se da en medio de la puja del Gobierno Nacional por querer echar a la Procuradora, a quien acusan de ser partidaria del kirchnerismo, y luego que la propia Gils Carbó en declaraciones radiales anunciara que no se irá aún si el Presidente firma por decreto su expulsión del organismo que conduce.
La causa contra Gils Carbó se inició este año a raíz de la compra de ese edificio que se hizo a través de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados y en cuya operación intervino el intermediario Juan Carlos Thill al que se le pagó casi 3 millones de pesos de comisión, y que es medio hermano del número dos del área de contrataciones un funcionario de la Procuración General de la Nación.
Se trata de Guillermo Bellingi, quien fuera apartado de su cargo como subdirector general de la Procuración General de la Nación tras la denuncia, y es medio hermano de Thill.
Según la investigación, la compra del edificio estaba digitada desde antes de hacerse pública la oferta y se intentó beneficiar a determinadas empresas y personas con el pago de comisiones.
La vena la realizó la empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- y la inmobiliaria Jaureguiberry y Asesores Inmobiliarios cobró una comisión de 7,7 millones de pesos, en tanto que unos 3.000.000 se llevó Thill también bajo el mismo concepto.
Según surge del expediente, el 1 de marzo de 2013 Arfinsa contrató a la inmobiliaria Jaureguiberry para que intervenga como asesora inmobiliaria para la venta del edificio de Perón 667.
Unos tres días más tarde, la inmobiliaria a su vez contrató a Thill como intermediario, un productor de seguros que no tendría vinculación con el mercado inmobiliario, y todo ello pese a que aún la licitación pública no había sido formalizada lo que recién se hizo el 6 de marzo de ese año mediante resolución Administrativa 317/2013, la cual lleva la firma de Gils Carbó.
El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presuntas irregularidades en la compra en 2013 del edificio donde funciona el organismo.
La citación es a raíz de un pedido que hizo el fiscal del caso Eduardo Taiano.
La citación se da en medio de la puja del Gobierno Nacional por querer echar a la Procuradora, a quien acusan de ser partidaria del kirchnerismo, y luego que la propia Gils Carbó en declaraciones radiales anunciara que no se irá aún si el Presidente firma por decreto su expulsión del organismo que conduce.
La causa contra Gils Carbó se inició este año a raíz de la compra de ese edificio que se hizo a través de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados y en cuya operación intervino el intermediario Juan Carlos Thill al que se le pagó casi 3 millones de pesos de comisión, y que es medio hermano del número dos del área de contrataciones un funcionario de la Procuración General de la Nación.
Se trata de Guillermo Bellingi, quien fuera apartado de su cargo como subdirector general de la Procuración General de la Nación tras la denuncia, y es medio hermano de Thill.
Según la investigación, la compra del edificio estaba digitada desde antes de hacerse pública la oferta y se intentó beneficiar a determinadas empresas y personas con el pago de comisiones.
La vena la realizó la empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- y la inmobiliaria Jaureguiberry y Asesores Inmobiliarios cobró una comisión de 7,7 millones de pesos, en tanto que unos 3.000.000 se llevó Thill también bajo el mismo concepto.
Según surge del expediente, el 1 de marzo de 2013 Arfinsa contrató a la inmobiliaria Jaureguiberry para que intervenga como asesora inmobiliaria para la venta del edificio de Perón 667.
Unos tres días más tarde, la inmobiliaria a su vez contrató a Thill como intermediario, un productor de seguros que no tendría vinculación con el mercado inmobiliario, y todo ello pese a que aún la licitación pública no había sido formalizada lo que recién se hizo el 6 de marzo de ese año mediante resolución Administrativa 317/2013, la cual lleva la firma de Gils Carbó.
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