El juez Rodríguez por ahora no ordenará la detención ni el desafuero de De Vido

El magistrado ordenó nuevas medidas de prueba en la investigación sobre el presunto desvío de fondos en torno a Río Turbio antes de tomar una decisión sobre el pedido del fiscal Stornelli



A pesar de que varios políticos comenzaron a "rechazar” sus fueros, el juez federal Luis Rodríguez rechazó detener y pedir el desafuero del diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por entender que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa de Río Turbio. Esta postura se condice con el criterio que había usado el jueves, con tres funcionarios con menores responsabilidades, en el desvío de 265 millones de pesos sobre un total de 26 mil millones invertidos en la fracasada reconversión de esa mina.

Asimismo, antes de imponer el secreto de sumario en la causa, Rodríguez rechazó la detención del ex secretario de Coordinación de esa cartera Roberto Baratta, y los otros 21 imputados por el fiscal Carlos Stornelli. Es que el magistrado consideró que aún no se agotaron todas las pruebas necesarias para indagar como sospechoso y menos aún detener y pedir el desafuero de De Vido.

En cambio, aceptó una serie de medidas de pruebas que le solicitó el fiscal, como realizar una serie de allanamientos, permitir la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), pedir una serie de informes a organismos del estado y entidades privadas, entre otras. De todas maneras, no descartaron que dentro de tres meses, cuando esté el resultado de las nuevas medidas de prueba, ordene la indagatoria de De Vido y eventualmente la detención.

De todos modos, Rodríguez se enrola entre los jueces que aceptan la jurisprudencia del llamado fallo Díaz Bessone, donde una sala de la Cámara de Casación Federal dijo que solo puede haber detenciones en la etapa de instrucción si hay peligro de fuga o de entorpecimiento del accionar de la Justicia."La actividad procesal ya desplegada no se vio afectada por la intervención de las personas denunciadas, por lo que difícil es sostener que ello habría de ocurrir a partir de este momento", explicó.

Esa fue la respuesta al pedido de eximición de prisión de Fernando Lisse, ex directivo de YCRT. Incluso, otros directivos, Miguel Larregina y Marta Pérez, habían solicitado lo mismo con igual suerte. En tanto, el martes pasado, Stornelli solicitó la indagatoria y detención de 23 personas, encabezadas por De Vido, su segundo Baratta; el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, y directivos de YCRT por haber malversado casi 265 millones de pesos que debían destinarse la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio.

"Es necesario tener en cuenta que la única justificación constitucionalmente válida para mantener privada de su libertad a una persona durante el proceso, cuando aún goza de la presunción de inocencia, es la existencia de peligro procesal", sostuvo el juez y añadió que la detención debería concretarse solo ante "la existencia de elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse o que estando en libertad entorpecerá el desarrollo de la investigación".

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