El ministro sostuvo que se buscará reformar la ley que establece un mandato de cinco años para el cargo de procurador.
Luego de que un juez un juez en lo Contencioso Administrativo avalara la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de un juicio político, el Gobierno tomó distancia y aseguró que no la removerá de esta forma.
“Por decreto no, sino que intentaremos reformar la ley, esperemos que la oposición nos acompañe”, dijo a Clarín el ministro de Justicia Germán Garavano ante la consulta de si la decisión del juez Pablo Cayssials planteaba un nuevo escenario para el Gobierno respecto a la situación de Gils Carbó.
“Es un fallo judicial que estudiaremos con atención, que en definitiva ratifica lo que ya hemos señalado cuando hemos enviado un proyecto de ley al Congreso, que la forma de remoción del procurador no está prevista constitucionalmente y, por ende, es inconstitucional. Y en esta línea lo que impulsaremos como lo marcamos desde el primer día de la gestión es reformar la ley del Ministerio Público Fiscal“, argumentó el ministro.
La funcionaria fue procesada días atrás por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio para la Procuración por el que se pagaron $43 millones y se abonaron comisiones cercanas a los $10 millones.
Luego de que un juez un juez en lo Contencioso Administrativo avalara la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de un juicio político, el Gobierno tomó distancia y aseguró que no la removerá de esta forma.
“Por decreto no, sino que intentaremos reformar la ley, esperemos que la oposición nos acompañe”, dijo a Clarín el ministro de Justicia Germán Garavano ante la consulta de si la decisión del juez Pablo Cayssials planteaba un nuevo escenario para el Gobierno respecto a la situación de Gils Carbó.
“Es un fallo judicial que estudiaremos con atención, que en definitiva ratifica lo que ya hemos señalado cuando hemos enviado un proyecto de ley al Congreso, que la forma de remoción del procurador no está prevista constitucionalmente y, por ende, es inconstitucional. Y en esta línea lo que impulsaremos como lo marcamos desde el primer día de la gestión es reformar la ley del Ministerio Público Fiscal“, argumentó el ministro.
La funcionaria fue procesada días atrás por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio para la Procuración por el que se pagaron $43 millones y se abonaron comisiones cercanas a los $10 millones.
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