Referéndum en #Cataluña: el gobierno catalán denuncia más de 400 heridos por la represión de la Policía

Hay represión y serios incidentes en colegios de Barcelona y otras ciudades; la policía española derrumbó el sistema informático y secuestró cientos de urnas



Las actuaciones de la Policía para impedir a los ciudadanos votar en el referéndum unilateral de independencia en Cataluña dejaron este domingo mas de 400 heridos de diversa consideración, aseguró el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull.

El portavoz pidió a los heridos que denuncien los incidentes ante los Mossos d’Esquadra, la Policía autónoma de Cataluña. En la misma comparecencia, el responsable de Exteriores de la región, Raül Romeva, anunció que el gobierno catalán “iniciará contactos con la Unión Europea por vulneración de derechos fundamentales”.



A su vez, el Ministerio de Interior español informó que once agentes también registraron heridas “cuando cumplían las órdenes de la juez”.

La policía antimotines española irrumpió a la fuerza en centros de votaciones para tratar de impedir que se lleve a cabo la mencionada votación, y disparó balas de goma contra las personas que se aprestaban a votar en las afueras de un colegio electoral designado en Barcelona.

Los agentes intentaron rechazar a manifestantes que buscaban impedir que vehículos de la Policía Nacional dejasen el lugar luego de confiscar cajas de boletas. El gobierno español le ha ordenado a la policía que impida el proceso del referéndum, que Madrid ha declarado ilegal.




Ante todo esto, el presidente catalán, el independentista Carles Puigdemont, denunció “el uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia por parte del Estado español”.

Según él, la imagen exterior del Estado “ha seguido empeorando y ha llegado hoy a unas cotas de vergüenza que lo acompañarán por siempre”.

La Policía Nacional y la Guardia Civil, dos cuerpos que enviaron unos 10.000 refuerzos a Cataluña, irrumpieron en numerosas escuelas de toda la región para incautar urnas y papeletas, a fin de impedir la consulta, prohibida por la justicia española.

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