La denuncia comprende la causa que tiene el ex Jefe de Gabinete por el Plan Qunita.
La fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Gabriela Baigún, denunció al ex Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández por presunta “insolvencia fraudulenta” en una causa por el denominado Plan Qunita y a raíz de la venta de dos autos de su propiedad pese a la inhibición general de bienes dispuesta en su contra.
Se trata de dos automóviles -un Toyota valuado en 450 mil pesos y un BMW de 634.500 pesos- que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, formaban parte del capital del ex funcionario y que habrían sido vendidos “con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes”.
Si bien al momento de ser dictada la inhibición general Aníbal Fernández y otros imputados habían asegurado no contar con bienes para afrontar embargos, una investigación de la Fiscalía realizada con la asistencia de la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que incluyó el relevamiento del secreto fiscal, corroboró que la situación no era la señalada.
De hecho, merced a ese trabajo, se pudo determinar que los imputados poseen un total de 60 inmuebles, algunos de ellos con titularidad parcial; 21 vehículos, ocho embarcaciones; acciones en trece sociedades comerciales; 14 cajas de ahorro en dólares; 27 cajas de ahorro en pesos; 6 cuentas corrientes; y créditos con distintas entidades, consignaron las fuentes.
La fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Gabriela Baigún, denunció al ex Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández por presunta “insolvencia fraudulenta” en una causa por el denominado Plan Qunita y a raíz de la venta de dos autos de su propiedad pese a la inhibición general de bienes dispuesta en su contra.
Se trata de dos automóviles -un Toyota valuado en 450 mil pesos y un BMW de 634.500 pesos- que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, formaban parte del capital del ex funcionario y que habrían sido vendidos “con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes”.
Si bien al momento de ser dictada la inhibición general Aníbal Fernández y otros imputados habían asegurado no contar con bienes para afrontar embargos, una investigación de la Fiscalía realizada con la asistencia de la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que incluyó el relevamiento del secreto fiscal, corroboró que la situación no era la señalada.
De hecho, merced a ese trabajo, se pudo determinar que los imputados poseen un total de 60 inmuebles, algunos de ellos con titularidad parcial; 21 vehículos, ocho embarcaciones; acciones en trece sociedades comerciales; 14 cajas de ahorro en dólares; 27 cajas de ahorro en pesos; 6 cuentas corrientes; y créditos con distintas entidades, consignaron las fuentes.
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