El gobierno de Recep Tayyip Erdogan tomó la medida, relacionada con el fallido golpe de 2016, acusando a los funcionarios de formar parte de "organizaciones terroristas".
A través de un decreto, el Gobierno de Turquía ordenó este domingo la destitución de 2.766 empleados públicos, a los que el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan (en la foto) acusa de formar parte de una organización terrorista. Entre los afectados hay militares y académicos. El documento fue emitido al amparo del estado de emergencia, vigente desde el fallido golpe de Estado en julio de 2016.
Los decretos, difundidos en el Boletín oficial del Estado, enumeran a 637 militares, entre ellos 327 de la Fuerza Aérea, 155 del Ejército y otros 155 de la Armada, a los que se añaden 360 del cuerpo de gendarmería. Otras instituciones afectadas son el Ministerio de Educación, del que fueron expulsados 392 profesores, la Dirección de Asuntos Religiosos, con 341 empleados destituidos, y el Ministerio de Justicia, con 245.
La de este domingo es la última ronda de purgas desde el fallido golpe, del que Ankara responsabiliza al clérigo islámico Fethullah Gülen, quien vive en Estados Unidos, y a su "servicio”, quienes habrían ordenado y dirigido el intento de sacar a Erdogan del poder. Las autoridades turcas se refieren a dicho movimiento como FETO (Fethullah Terrorist Organisation). Gülen niega cualquier relación con el fallido golpe.
La decisión también afecta a 105 empleados de varias universidades y ordena el cierre de 17 instituciones, sobre todo asociaciones estudiantiles, pero también dos periódicos y un centro de salud cardíaca. En todos los casos, la medida se motiva por "ser miembro de una organización terrorista o de una estructura, organismo o grupo que mantiene actividades contrarias a la seguridad del Estado, o por mantener vínculos o lazos con ella".
Los destituidos no pueden volver a trabajar en ningún empleo público, ni en empresas de seguridad privada, se les anulan licencias de armas o de piloto y se cancela su pasaporte, especifica el decreto. Estas medidas, al ser tomadas al amparo del Estado de emergencia, no pueden ser recurridas ante la Justicia. El mismo decreto de este domingo, sin embargo, restituye sus empleos a 155 personas destituidas con anterioridad.
A través de un decreto, el Gobierno de Turquía ordenó este domingo la destitución de 2.766 empleados públicos, a los que el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan (en la foto) acusa de formar parte de una organización terrorista. Entre los afectados hay militares y académicos. El documento fue emitido al amparo del estado de emergencia, vigente desde el fallido golpe de Estado en julio de 2016.
Los decretos, difundidos en el Boletín oficial del Estado, enumeran a 637 militares, entre ellos 327 de la Fuerza Aérea, 155 del Ejército y otros 155 de la Armada, a los que se añaden 360 del cuerpo de gendarmería. Otras instituciones afectadas son el Ministerio de Educación, del que fueron expulsados 392 profesores, la Dirección de Asuntos Religiosos, con 341 empleados destituidos, y el Ministerio de Justicia, con 245.
La de este domingo es la última ronda de purgas desde el fallido golpe, del que Ankara responsabiliza al clérigo islámico Fethullah Gülen, quien vive en Estados Unidos, y a su "servicio”, quienes habrían ordenado y dirigido el intento de sacar a Erdogan del poder. Las autoridades turcas se refieren a dicho movimiento como FETO (Fethullah Terrorist Organisation). Gülen niega cualquier relación con el fallido golpe.
La decisión también afecta a 105 empleados de varias universidades y ordena el cierre de 17 instituciones, sobre todo asociaciones estudiantiles, pero también dos periódicos y un centro de salud cardíaca. En todos los casos, la medida se motiva por "ser miembro de una organización terrorista o de una estructura, organismo o grupo que mantiene actividades contrarias a la seguridad del Estado, o por mantener vínculos o lazos con ella".
Los destituidos no pueden volver a trabajar en ningún empleo público, ni en empresas de seguridad privada, se les anulan licencias de armas o de piloto y se cancela su pasaporte, especifica el decreto. Estas medidas, al ser tomadas al amparo del Estado de emergencia, no pueden ser recurridas ante la Justicia. El mismo decreto de este domingo, sin embargo, restituye sus empleos a 155 personas destituidas con anterioridad.
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