AFIP prepara la apelación del fallo que dejó libre a Cristóbal López



“Esta decisión casi escandalosa que tomó la Cámara Federal”. Así definió una alta fuente de la AFIP la excarcelación de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, en la causa por la que el organismo tributario les reclama $ 17.000 millones por deudas con la AFIP.

Ambos empresarios kirchneristas estaban detenidos desde diciembre pasado, por el juez federal Julián Ercolini, por la retención indebida del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).

“Estamos estudiando los términos de la apelación” que hará la AFIP ante la Cámara Federal de Casación Penal, dijeron en el organismo oficial.

Allí consideran que era esperable la revocatoria de la prisión preventiva de ambos empresarios kirchneristas, ya que habían sido detenidos en diciembre pasado sin condena judicial. Pero “lo más sorprendente fue que los jueces cambiaron la carátula de la causa”.

Es que de partícipes necesarios en la “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”, pasaron a ser ahora acusados de “apropiación indebida de tributos”.

Eso permitiría que bajen las penas, ya que el Código Penal establece de 2 a 6 años de prisión, para la tipificación del delito que fijó la Cámara Federal. Y además, en caso de concretarse el pase al fuero comercial, se les facilitaría el acceso a una moratoria para el pago de sus deudas.

De este modo, obtendrían una baja importante de la deuda con el fisco. Es que Oil podría acceder a un plan de pagos, en numerosas cuotas y sin tener que pagar intereses por su deuda original de $ 8.000 millones con la AFIP, a pesar de que con los intereses y punitorios en el organismo oficial consideran que la deuda supera los $17.000 millones.

De todos modos, Cristóbal López y De Sousa siguen procesados y tienen los bienes embargados, al igual que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que fue el funcionario que les permitió evadir el pago del ITC, entre los años 2013 y 2015. El juez Julián Ercolini los embargó por $ 17.000 millones, a cada uno de ellos, por defraudación al Estado.

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