Se multiplicaron las consultas en las últimas dos semanas sobre los sistemas de vigilancia. Lo afirmaron administradores, entidades de consorcistas y empresas de seguridad privada.
Cámaras que llevaban más de un año sin funcionar, grabaciones con horarios inexactos, puertas de salida sin control. La Justicia concluyó que en la torre Le Parc de Puerto Madero, donde encontraron muerto al fiscal Alberto Nisman, serias fallas de seguridad permitían que personas entraran y salieran “sin ser advertidas”. Estas conclusiones, confirmadas en medio de la conmoción, llevaron a vecinos de todo el país a preguntarse --y a preguntar-- si sus edificios son realmente tan seguros como creían.
Administradores, entidades de consorcistas y empresas de seguridad privada coinciden en que las consultas se dispararon en las últimas dos semanas. Y que arrancaron el mismo 19 de enero, horas después de conocerse la muerte del fiscal, justo un día antes de exponer en el Congreso su denuncia contra la Presidenta de la Nación.
“Se multiplicaron las consultas a las empresas de seguridad, principalmente sobre el estado de las cámaras y el monitoreo. En muchos edificios pidieron confirmar si los equipos funcionan, si están bien instalados y si el sistema integral de seguridad se adecua a las necesidades actuales o haría falta modernizarlo”, comentó Aquiles Gorini, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi).
En la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (Cemara), otra entidad del sector, confirmaron ese “incremento de los llamados”. Y destacaron que también crecieron las consultas por instalaciones nuevas en edificios que hasta ahora no tenían circuito cerrado de video con grabación. “Lo ocurrido en la torre del fiscal -añadieron- acrecentó la preocupación de los vecinos, sobre todo en zonas donde han llegado a desmantelar departamentos sin que haya quedado ningún registro, ya sea por falta de cámaras o por su mal funcionamiento.”
No es la primera vez que una noticia de alto impacto revoluciona la vida de los consorcios. Como antecedente, la trágica explosión de un edificio en Rosario en agosto de 2013 impulsó a edificios de todo el país a revisar sus instalaciones de gas. Esta vez --revelan las empresas-- las consultas llegaron primero desde otros complejos de Puerto Madero, pero pronto hubo un “efecto multiplicador” hacia edificios de muchas otras zonas en distintas ciudades del país.
Adrián Hilarza, titular de la Asociación Civil de Administradores de Consorcio, remarcó que lo más pedido por los vecinos fue verificar el estado de las cámaras y hacerles ajustes. “Pero también preguntaron qué controles hacen los vigiladores sobre la gente que ingresa: si hay rutinas o protocolos y si no convendría revisarlos”, agregó.
“Las consultas sobre seguridad han crecido. Hay mucha preocupación porque la gente ve que su consorcio paga 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos al mes por la vigilancia, y a la luz de lo ocurrido ahora se pregunta qué constancia puede tener de que todo eso verdaderamente sirva”, comentó Alicia Giménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina.
Y recordó que esto ocurre luego de que muchos consorcios recortaran en los últimos años sus gastos en seguridad como una forma de bajar las expensas, incluso a costa de asumir mayores riesgos o de no brindarle al equipamiento el mantenimiento adecuado.
“Si antes tenían vigiladores las 24 horas, ahora quizá los ponen sólo a la noche o los fines de semana. O los cambian por sistemas de cámaras, aunque sus costos no siempre son accesibles. La seguridad está entre lo que más encarece las expensas, junto con los pagos a los encargados”, agregó Giménez.
Por el monitoreo remoto de cada cámara (Le Parc tenía 160), empresas del rubro cobran al menos $ 200 por mes. Y el costo de tener un vigilador ronda los $ 115 por hora, detallaron en Caesi. Según expertos, lo ideal es combinar ambos recursos: presencia humana y vigilancia electrónica (ver aparte). Pero todo tiene costos que luego se dividen entre los propietarios.
Se estima que las empresas de seguridad privada vigilan un millón de edificios en todo el país. La mitad está en la Provincia de Buenos Aires, al menos 250.000 en Capital y el resto se ubica en distintas ciudades del interior.
Cámaras que llevaban más de un año sin funcionar, grabaciones con horarios inexactos, puertas de salida sin control. La Justicia concluyó que en la torre Le Parc de Puerto Madero, donde encontraron muerto al fiscal Alberto Nisman, serias fallas de seguridad permitían que personas entraran y salieran “sin ser advertidas”. Estas conclusiones, confirmadas en medio de la conmoción, llevaron a vecinos de todo el país a preguntarse --y a preguntar-- si sus edificios son realmente tan seguros como creían.
Administradores, entidades de consorcistas y empresas de seguridad privada coinciden en que las consultas se dispararon en las últimas dos semanas. Y que arrancaron el mismo 19 de enero, horas después de conocerse la muerte del fiscal, justo un día antes de exponer en el Congreso su denuncia contra la Presidenta de la Nación.
“Se multiplicaron las consultas a las empresas de seguridad, principalmente sobre el estado de las cámaras y el monitoreo. En muchos edificios pidieron confirmar si los equipos funcionan, si están bien instalados y si el sistema integral de seguridad se adecua a las necesidades actuales o haría falta modernizarlo”, comentó Aquiles Gorini, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi).
En la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (Cemara), otra entidad del sector, confirmaron ese “incremento de los llamados”. Y destacaron que también crecieron las consultas por instalaciones nuevas en edificios que hasta ahora no tenían circuito cerrado de video con grabación. “Lo ocurrido en la torre del fiscal -añadieron- acrecentó la preocupación de los vecinos, sobre todo en zonas donde han llegado a desmantelar departamentos sin que haya quedado ningún registro, ya sea por falta de cámaras o por su mal funcionamiento.”
No es la primera vez que una noticia de alto impacto revoluciona la vida de los consorcios. Como antecedente, la trágica explosión de un edificio en Rosario en agosto de 2013 impulsó a edificios de todo el país a revisar sus instalaciones de gas. Esta vez --revelan las empresas-- las consultas llegaron primero desde otros complejos de Puerto Madero, pero pronto hubo un “efecto multiplicador” hacia edificios de muchas otras zonas en distintas ciudades del país.
Adrián Hilarza, titular de la Asociación Civil de Administradores de Consorcio, remarcó que lo más pedido por los vecinos fue verificar el estado de las cámaras y hacerles ajustes. “Pero también preguntaron qué controles hacen los vigiladores sobre la gente que ingresa: si hay rutinas o protocolos y si no convendría revisarlos”, agregó.
“Las consultas sobre seguridad han crecido. Hay mucha preocupación porque la gente ve que su consorcio paga 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos al mes por la vigilancia, y a la luz de lo ocurrido ahora se pregunta qué constancia puede tener de que todo eso verdaderamente sirva”, comentó Alicia Giménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina.
Y recordó que esto ocurre luego de que muchos consorcios recortaran en los últimos años sus gastos en seguridad como una forma de bajar las expensas, incluso a costa de asumir mayores riesgos o de no brindarle al equipamiento el mantenimiento adecuado.
“Si antes tenían vigiladores las 24 horas, ahora quizá los ponen sólo a la noche o los fines de semana. O los cambian por sistemas de cámaras, aunque sus costos no siempre son accesibles. La seguridad está entre lo que más encarece las expensas, junto con los pagos a los encargados”, agregó Giménez.
Por el monitoreo remoto de cada cámara (Le Parc tenía 160), empresas del rubro cobran al menos $ 200 por mes. Y el costo de tener un vigilador ronda los $ 115 por hora, detallaron en Caesi. Según expertos, lo ideal es combinar ambos recursos: presencia humana y vigilancia electrónica (ver aparte). Pero todo tiene costos que luego se dividen entre los propietarios.
Se estima que las empresas de seguridad privada vigilan un millón de edificios en todo el país. La mitad está en la Provincia de Buenos Aires, al menos 250.000 en Capital y el resto se ubica en distintas ciudades del interior.
Publicar un comentario