El jefe de Gabinete, Marcos Peña, adelantó la decisión del Presidente tras la polémica que se originó por la movilidad de los haberes
Tan solo menos de dos horas después de anunciar que las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales aumentaban, por aplicación de la ley de movilidad, a partir de marzo un 12,65%, en el Gobierno estaban discutiendo en estas horas si dar marcha atrás o no con el anuncio. Hoy podría conocerse la decisión final.
Es que, sin haberlo anunciado con antelación, el Gobierno modificó la reglamentación de la ley de movilidad y eso determinó que el aumento fuera más bajo que el que hubiera surgido si se hubiera mantenido la fórmula sin cambios.
Según indica el diario Clarín, en la ANSeS reconocieron que en lugar del 12,65%, la movilidad hubiera arrojado el 12,96%.
En consecuencia, esa diferencia de 0,31 puntos equivale a un perjuicio hacia los jubilados y beneficiarios de las Asignaciones Familiares de unos $ 3.000 millones anuales.
Estudios de abogados provisionales aseguran que la diferencia sería mayor de 0,6 puntos y que por lo tanto el perjuicio contra los beneficiarios del sistema se elevaría a $ 6.000 anuales.
El argumento es que ese cambio reproduce “más fielmente la variación de cada año”, a la vez que adelantaron que hoy debería publicarse en el Boletín Oficial el decreto con esas modificaciones.
Otro dato no menor es que el Gobierno tampoco dio a conocer los indices de los distintos componentes de la fórmula de movilidad.
Es que la ley de movilidad determina que el ajuste de los haberes jubilatorios no se basa en los índices de inflación sino que se calcula según lo que pasó en los semestres calendarios (enero-junio y julio-diciembre) en base a índices que combinan la suba salarial del INDEC o del Ministerio de Trabajo, la de la recaudación tributaria por beneficiario con destino a la ANSeS.
Para fijar el porcentaje de marzo, se tomó en cuenta el período julio-diciembre de 2016. Justamente esos datos son los que no se dieron a conocer para saber cómo se alcanzó el 12,65%.
En realidad, desde que se aprobó la ley de movilidad en marzo de 2009, la ANSeS nunca difundió los números de cada uno de esos componentes de la fórmula
En cifras, con el 12,65%, por ejemplo el haber mínimo, que cobra las mitad de los jubilados y pensionados, sube de $ 5.661 a $ 6.377 mensuales, un aumento de $ 716 mensuales. Con el 12,96% el haber mínimo debería ascender a $ 6.394. Y con el 13,2% según cálculos privados sería de $ 6.408.
Las restantes escalas de haberes aumentarían en las mismas proporciones y también las pensiones no contributivas, que equivalen al 70% del haber mínimo y la pensión por adulto mayor de 65 años, que es del 80% del haber mínimo
Tan solo menos de dos horas después de anunciar que las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales aumentaban, por aplicación de la ley de movilidad, a partir de marzo un 12,65%, en el Gobierno estaban discutiendo en estas horas si dar marcha atrás o no con el anuncio. Hoy podría conocerse la decisión final.
Es que, sin haberlo anunciado con antelación, el Gobierno modificó la reglamentación de la ley de movilidad y eso determinó que el aumento fuera más bajo que el que hubiera surgido si se hubiera mantenido la fórmula sin cambios.
Según indica el diario Clarín, en la ANSeS reconocieron que en lugar del 12,65%, la movilidad hubiera arrojado el 12,96%.
En consecuencia, esa diferencia de 0,31 puntos equivale a un perjuicio hacia los jubilados y beneficiarios de las Asignaciones Familiares de unos $ 3.000 millones anuales.
Estudios de abogados provisionales aseguran que la diferencia sería mayor de 0,6 puntos y que por lo tanto el perjuicio contra los beneficiarios del sistema se elevaría a $ 6.000 anuales.
El argumento es que ese cambio reproduce “más fielmente la variación de cada año”, a la vez que adelantaron que hoy debería publicarse en el Boletín Oficial el decreto con esas modificaciones.
Otro dato no menor es que el Gobierno tampoco dio a conocer los indices de los distintos componentes de la fórmula de movilidad.
Es que la ley de movilidad determina que el ajuste de los haberes jubilatorios no se basa en los índices de inflación sino que se calcula según lo que pasó en los semestres calendarios (enero-junio y julio-diciembre) en base a índices que combinan la suba salarial del INDEC o del Ministerio de Trabajo, la de la recaudación tributaria por beneficiario con destino a la ANSeS.
Para fijar el porcentaje de marzo, se tomó en cuenta el período julio-diciembre de 2016. Justamente esos datos son los que no se dieron a conocer para saber cómo se alcanzó el 12,65%.
En realidad, desde que se aprobó la ley de movilidad en marzo de 2009, la ANSeS nunca difundió los números de cada uno de esos componentes de la fórmula
En cifras, con el 12,65%, por ejemplo el haber mínimo, que cobra las mitad de los jubilados y pensionados, sube de $ 5.661 a $ 6.377 mensuales, un aumento de $ 716 mensuales. Con el 12,96% el haber mínimo debería ascender a $ 6.394. Y con el 13,2% según cálculos privados sería de $ 6.408.
Las restantes escalas de haberes aumentarían en las mismas proporciones y también las pensiones no contributivas, que equivalen al 70% del haber mínimo y la pensión por adulto mayor de 65 años, que es del 80% del haber mínimo
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