#LosSauces: Procesan a Cristina Kirchner por asociación ilícita y la embargan por $130 millones

Los procesamientos de la ex presidente y sus hijos fueron dictados por Bonadio sin prisión preventiva. El juez se declaró incompetente



El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la expresidenta Cristina Kirchner así como a sus hijos Máximo y Florencia, por lavado de dinero, negociaciones incompatibles y asociación ilícita en el aquiler de viviendas de la empresa "Los Sauces" a los empresarios Cristobal López y Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron a NA que el juez trabó un embargo de 130 millones de pesos sobre Cristina y al igual que a todos los procesados, le fijó la prohibición de salida del país.

Bonadio procesó a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, lavado de dinero, y negociaciones incompatibles con la función pública.

También fueron procesados los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, por tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe, y los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice, en calidad de organizadores. A Máximo, Lázaro Báez le fijó un embargo de 130 millones, a Florencia, Cristóbal López y De Souza de 100 millones, y a Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner) 90 millones.



Ademas fueron procesados Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor Manzanares, Norma Abuin, Jorge Ludueña, Ricardo Albornoz; Luciana, Martín y Leandro Báez; Emilio Martín, Claudio Bustos, Martin Jacobs, Lisandro Donaire, María Jamieson, y Oscar Leiva.

Asimismo, tras decretar los procesamientos y embargos, el juez Bonadio dispuso por conexidad remitir la causa "Los Sauces" al juzgado de Julián Ercolini, quien investiga fraude en la obra pública en la cual la expresidenta ya fue procesada y el caso "Hotesur" donde es investigada por el alquiler de plazas hoteleras.

"Sentado el lo claramente surge que Cristina Fernández es el jefe/organizador de una banda que, al menos en lo que respecta al hecho aquí investigado, y junto a Néstor Carlos Kirchner y Máximo Carlos Kirchner en un primer momento, de haber armado una empresa denominada "Los Sauces S.A. el 7 de noviembre de 2006"", sostuvo Bonadio.

Según el juez, fue con "el objeto de canalizar dinero ilegitimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente por Néstor Carlos Kirchner y la imputada cuando ejercieron la primera magistratura de la República, al grupo empresario mencionado".

Bonadio sostuvo además que "Los Sauces" no tiene una sede real, no tiene empleados que trabajen para el objeto social de la empresa, y que entre otras cosas, Florencia Kirchner "no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, ni porque cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad". La maniobra fue "pergeñada" por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, "quienes también contaron con las sociedades que a tal efecto crearon sus amigos personales Lázaro Antonio Báez, Osvaldo José Sanfelice, y con las que ya tenía el empresario Cristóbal López", y todo organizado por el contador Manzanares y los escribanos Albornoz y Ludueña.

Sobre Cristina Kirchner dedicó un párrafo especial en su falo de casi 400 fojas, a remarcar que "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado Nacional se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez".

"El hecho investigado se circunscribe, por el momento, a la creación de una sociedad inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles y un hotel, como ilegitima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita", concluyó.

Incluso, el juez tildó de "banda" cuyos jefes son Cristina y Máximo, puesto que Florencia Kirchner ingresó "tras la muerte de su padre" y a partir "de allí tuvo poder de decisión en la sociedad".

Es el tercer procesamiento que recae sobre la expresidenta puesto que antes lo fue por fraude en la obra pública al otorgar licitaciones viales a Báez; y por la administración infiel de fondos públicos en la venta de dólar a futuro la cual ya está en instancia de juicio oral y público.

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