La Cámara Federal porteña aseguró que la causa que investiga la represión y muerte de 64 detenidos en un incendio en el pabellón 7, durante la última dictadura, es "imprescriptible"
La Camara Federal porteña declaró como crimen de lesa humanidad a la masacre del pabellón 7 de la cárcel de Devoto en la última dictadura, cuando 64 detenidos murieron en un incendio en medio de la represión del Servicio Penitenciario Federal (SPF) contra una protesta.
Fue la sala I del tribunal de apelaciones, que asignó la causa al juez federal Daniel Rafecas y la declaró "imprescriptible" con los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, según supo LA NACION de fuentes judiciales.
La causa judicial se abrió luego de una denuncia ante el juez Rafecas, en el marco de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército, ya que las autoridades del SPF rendían cuentas al Primer Cuerpo.
El escrito había sido firmado por la abogada Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), y Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre. La violenta represión ocurrió el 14 de marzo de 1978, cuando 64 presos fueron incinerados, asfixiados o fusilados por los guardias, en medio de un motín.
La denuncia, según consignó meses atrás Página 12, apuntó contra funcionarios y militares de la época que habrían tenido responsabilidad en la masacre: el por entonces coronel Jorge Antonio Dotti, el director de la Unidad 2 (Devoto), prefecto Juan Carlos Ruiz; el jefe de Seguridad Interna, alcaide mayor Horacio Galíndez; el segundo jefe de Seguridad Externa, subalcaide Víctor Dinamarca; el jefe de Requisa, alcaide Carlos Aníbal Sauvage; los jefes de Turno, subalcaides Antonio Bienvenido Olmedo y León Oscar Guinnard; el subprefecto Armando Raimundo Gómez, subdirector de la Unidad 2 e instructor de la causa; el secretario de dicha instrucción, Juan Antonio Rossi.
La Camara Federal porteña declaró como crimen de lesa humanidad a la masacre del pabellón 7 de la cárcel de Devoto en la última dictadura, cuando 64 detenidos murieron en un incendio en medio de la represión del Servicio Penitenciario Federal (SPF) contra una protesta.
Fue la sala I del tribunal de apelaciones, que asignó la causa al juez federal Daniel Rafecas y la declaró "imprescriptible" con los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, según supo LA NACION de fuentes judiciales.
La causa judicial se abrió luego de una denuncia ante el juez Rafecas, en el marco de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército, ya que las autoridades del SPF rendían cuentas al Primer Cuerpo.
El escrito había sido firmado por la abogada Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), y Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre. La violenta represión ocurrió el 14 de marzo de 1978, cuando 64 presos fueron incinerados, asfixiados o fusilados por los guardias, en medio de un motín.
La denuncia, según consignó meses atrás Página 12, apuntó contra funcionarios y militares de la época que habrían tenido responsabilidad en la masacre: el por entonces coronel Jorge Antonio Dotti, el director de la Unidad 2 (Devoto), prefecto Juan Carlos Ruiz; el jefe de Seguridad Interna, alcaide mayor Horacio Galíndez; el segundo jefe de Seguridad Externa, subalcaide Víctor Dinamarca; el jefe de Requisa, alcaide Carlos Aníbal Sauvage; los jefes de Turno, subalcaides Antonio Bienvenido Olmedo y León Oscar Guinnard; el subprefecto Armando Raimundo Gómez, subdirector de la Unidad 2 e instructor de la causa; el secretario de dicha instrucción, Juan Antonio Rossi.
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