Se fundamenta en las demandas y movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012.
El Congreso de Chile aprobó el proyecto de reforma del sistema educativo, que entrará en vigor en marzo de 2016 y que busca terminar con el lucro, el copago y la selección de alumnos en los establecimientos que reciben aportes del Estado. Es la primera gran reforma en materia escolar que saca adelante el gobierno de Michelle Bachelet y que se fundamenta en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012.
"Quisiera hacer un llamado a las familias a que tengan calma, que tengan confianza, no se van a cerrar los colegios, al contrario, todos los cambios se van a implementar gradualmente", dijo Bachelet a los periodistas sobre la nueva norma, considerada clave para la reforma educacional que impulsa su gobierno.
El proyecto de ley tiene por objeto terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de garantizar a todos los chilenos el derecho a una educación de calidad, sustentada en tres ejes: el fin del lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartido.
"Aseguramos que los recursos públicos se inviertan en la educación de nuestros niños y jóvenes, lo que nos parece que es un inicio para avanzar en calidad. También nos va a permitir que nunca más nuestros niños y niñas puedan ser discriminados por sus condiciones familiares y sociales", aseguró la mandataria.
La normativa termina con la selección por rendimiento previo de alumnos en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, incorporando en la legislación la frase "sin fines de lucro" y estableciendo de forma gradual la incorporación de la gratuidad en los colegios del país. Junto con ello, fija sanciones a los gestores que aprovechen los recursos destinados a la educación: esto significa que quien lucre deberá devolver el monto malversado de los recursos y, además, pagar una multa del 50 por ciento de lo que haya utilizado de mala manera.
Asimismo, los colegios no podrán seleccionar por factores socioeconómicos, étnicos, nacionales, culturales, religiosos o de discapacidad con el fin de terminar con las discriminaciones arbitrarias. Por ende, las instituciones educativas no podrán exigir antecedentes económicos de la familia del postulante ni contemplar el rendimiento escolar pasado.
La entrada en vigencia de la nueva ley será a partir del 1º de marzo del 2016, sin perjuicio de las reglas especiales que al efecto se establecen, entre ellas, un plazo de 3 años (hasta el 31 de diciembre de 2017) para que los gestores de establecimientos particulares subvencionados que quieran seguir operando en la actividad educacional transfieran su calidad de tal.
El Congreso de Chile aprobó el proyecto de reforma del sistema educativo, que entrará en vigor en marzo de 2016 y que busca terminar con el lucro, el copago y la selección de alumnos en los establecimientos que reciben aportes del Estado. Es la primera gran reforma en materia escolar que saca adelante el gobierno de Michelle Bachelet y que se fundamenta en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012.
"Quisiera hacer un llamado a las familias a que tengan calma, que tengan confianza, no se van a cerrar los colegios, al contrario, todos los cambios se van a implementar gradualmente", dijo Bachelet a los periodistas sobre la nueva norma, considerada clave para la reforma educacional que impulsa su gobierno.
El proyecto de ley tiene por objeto terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de garantizar a todos los chilenos el derecho a una educación de calidad, sustentada en tres ejes: el fin del lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartido.
"Aseguramos que los recursos públicos se inviertan en la educación de nuestros niños y jóvenes, lo que nos parece que es un inicio para avanzar en calidad. También nos va a permitir que nunca más nuestros niños y niñas puedan ser discriminados por sus condiciones familiares y sociales", aseguró la mandataria.
La normativa termina con la selección por rendimiento previo de alumnos en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, incorporando en la legislación la frase "sin fines de lucro" y estableciendo de forma gradual la incorporación de la gratuidad en los colegios del país. Junto con ello, fija sanciones a los gestores que aprovechen los recursos destinados a la educación: esto significa que quien lucre deberá devolver el monto malversado de los recursos y, además, pagar una multa del 50 por ciento de lo que haya utilizado de mala manera.
Asimismo, los colegios no podrán seleccionar por factores socioeconómicos, étnicos, nacionales, culturales, religiosos o de discapacidad con el fin de terminar con las discriminaciones arbitrarias. Por ende, las instituciones educativas no podrán exigir antecedentes económicos de la familia del postulante ni contemplar el rendimiento escolar pasado.
La entrada en vigencia de la nueva ley será a partir del 1º de marzo del 2016, sin perjuicio de las reglas especiales que al efecto se establecen, entre ellas, un plazo de 3 años (hasta el 31 de diciembre de 2017) para que los gestores de establecimientos particulares subvencionados que quieran seguir operando en la actividad educacional transfieran su calidad de tal.
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