Así lo dispuso el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba; "Obligar a un medio gráfico a publicar algo que no desea expresar es un acto de censura", advirtió la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó hoy su "profunda preocupación" por dos sentencias que consideró "restrictivas para la prensa libre" que emitió esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba.
En un comunicado, la organización advirtió que "los pronunciamientos judiciales rechazan sendas demandas de inconstitucionalidad promovidas por Contenidos Mediterráneos y La Voz del Interior y ratifican la validez de leyes provinciales que obligan a los medios gráficos cordobeses a ceder diariamente una página de sus ediciones durante los 10 días previos a cada elección provincial".
La asociación alertó que "esos espacios deben ser destinados a reproducir en forma gratuita las propuestas de los partidos o alianzas políticas" e interpretó que la sentencia "es un claro caso de censura: obligar a un medio gráfico a publicar algo que no desea expresar es un acto de censura tan grave como cuando se le pretende impedir la publicación de un determinado contenido editorial".
La decisión judicial, que ocurre a escasos días de las elecciones provinciales que se celebrarán el 5 de julio, convalida una legislación que "pretende así equiparar a los medios impresos con los audiovisuales, pese a que los medios gráficos no utilizan el espectro radioeléctrico ni otros bienes que son propiedad del Estado".
"En consecuencia esta legislación avanza sobre la propiedad privada, ya que la existencia de los medios gráficos no responde a concesión alguna. Por el contrario, están sujetos a los avatares de la economía y sus únicas fuentes de financiación son la venta de espacios publicitarios y el precio de tapa de sus ejemplares", resaltó el comunicado.
"ADEPA deplora que estas normas restrictivas de la libertad de prensa hayan partido de un gobierno cuyo titular del Poder Ejecutivo suscribiera en el año 2000 el Acta de Chapultepec, a instancias de esta Asociación", continuó ADEPA y confirmó que planteó "al Poder Ejecutivo de Córdoba y a las autoridades de la Legislatura Unicameral de esa provincia que deroguen las normas citadas".
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó hoy su "profunda preocupación" por dos sentencias que consideró "restrictivas para la prensa libre" que emitió esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba.
En un comunicado, la organización advirtió que "los pronunciamientos judiciales rechazan sendas demandas de inconstitucionalidad promovidas por Contenidos Mediterráneos y La Voz del Interior y ratifican la validez de leyes provinciales que obligan a los medios gráficos cordobeses a ceder diariamente una página de sus ediciones durante los 10 días previos a cada elección provincial".
La asociación alertó que "esos espacios deben ser destinados a reproducir en forma gratuita las propuestas de los partidos o alianzas políticas" e interpretó que la sentencia "es un claro caso de censura: obligar a un medio gráfico a publicar algo que no desea expresar es un acto de censura tan grave como cuando se le pretende impedir la publicación de un determinado contenido editorial".
La decisión judicial, que ocurre a escasos días de las elecciones provinciales que se celebrarán el 5 de julio, convalida una legislación que "pretende así equiparar a los medios impresos con los audiovisuales, pese a que los medios gráficos no utilizan el espectro radioeléctrico ni otros bienes que son propiedad del Estado".
"En consecuencia esta legislación avanza sobre la propiedad privada, ya que la existencia de los medios gráficos no responde a concesión alguna. Por el contrario, están sujetos a los avatares de la economía y sus únicas fuentes de financiación son la venta de espacios publicitarios y el precio de tapa de sus ejemplares", resaltó el comunicado.
"ADEPA deplora que estas normas restrictivas de la libertad de prensa hayan partido de un gobierno cuyo titular del Poder Ejecutivo suscribiera en el año 2000 el Acta de Chapultepec, a instancias de esta Asociación", continuó ADEPA y confirmó que planteó "al Poder Ejecutivo de Córdoba y a las autoridades de la Legislatura Unicameral de esa provincia que deroguen las normas citadas".
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