El proyecto oficial tuvo 229 votos a favor, cuatro en contra y una sola abstención.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular el derecho de acceso a la información pública con 229 a favor y tan solo cuatro en contra-el Frente de Izquierda. Ahora, deberá ser aprobada por el Senado, aunque comenzará a regir recién pasado un año de su publicación en el Boletín Oficial.
Para el Gobierno esta es una ley de trascendencia ya que junto con Bolivia, Venezuela y Cuba, Argentina integra la nómina de países que no la tienen. Lo que plantea es obligar a los tres poderes del Estado a brindar la información requerida por cualquier ciudadano en un plazo de 15 días, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 15, con una cantidad de sanciones para las áreas que no cumplan con la norma.
También abarca a el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, y las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria, los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios, empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular el derecho de acceso a la información pública con 229 a favor y tan solo cuatro en contra-el Frente de Izquierda. Ahora, deberá ser aprobada por el Senado, aunque comenzará a regir recién pasado un año de su publicación en el Boletín Oficial.
Para el Gobierno esta es una ley de trascendencia ya que junto con Bolivia, Venezuela y Cuba, Argentina integra la nómina de países que no la tienen. Lo que plantea es obligar a los tres poderes del Estado a brindar la información requerida por cualquier ciudadano en un plazo de 15 días, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 15, con una cantidad de sanciones para las áreas que no cumplan con la norma.
También abarca a el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, y las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria, los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios, empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros.
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