Lo dispuso el juez Sebastián Ramos, quien además trabó un embargo por 500 millones de pesos para cada uno.
El juez Sebastián Ramos procesó a Julio De Vido y a Ricardo Jaime por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "negociaciones incompatibles", en la causa que investiga la renegociación de contratos ferroviarios. Además, el Magistrado ordenó un embargo de $ 500 millones a cada uno de los ex funcionarios.
La decisión del juez Ramos complica aún más a De Vido, ex ministro de Planificación, y a Jaime, ex titular de Transporte. Con un nuevo embargo millonario, fueron procesados en la causa en la que se investiga por qué no se renegociaron los contratos ferroviarios entre 2003 y 2009, donde nunca fueron integrados los equipos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
Los investigadores sostuvieron que al no haberse renegociado esos contratos, se abrió una etapa de discrecionalidad en la asignación de los subsidios millonarios al transporte, además de laxitud en el control de las concesionarias, y de la falta de ejecución de las penalidades que debían sufrir las empresas cuando incumplían las normas y de otorgamiento de contratos de obras sin licitación.
El juez Sebastián Ramos procesó a Julio De Vido y a Ricardo Jaime por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "negociaciones incompatibles", en la causa que investiga la renegociación de contratos ferroviarios. Además, el Magistrado ordenó un embargo de $ 500 millones a cada uno de los ex funcionarios.
La decisión del juez Ramos complica aún más a De Vido, ex ministro de Planificación, y a Jaime, ex titular de Transporte. Con un nuevo embargo millonario, fueron procesados en la causa en la que se investiga por qué no se renegociaron los contratos ferroviarios entre 2003 y 2009, donde nunca fueron integrados los equipos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
Los investigadores sostuvieron que al no haberse renegociado esos contratos, se abrió una etapa de discrecionalidad en la asignación de los subsidios millonarios al transporte, además de laxitud en el control de las concesionarias, y de la falta de ejecución de las penalidades que debían sufrir las empresas cuando incumplían las normas y de otorgamiento de contratos de obras sin licitación.
Publicar un comentario