La causa de los cuadernos de las coimas K, iniciada por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, sigue aportando derivaciones judiciales. Ahora, el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y a empresarios del área ferroviaria.
El magistrado llamó a declarar a Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte. También serán indagados los empresarios Aldo Roggio, Gabriel Romero, Claudio Cirigliano y Sergio Tasselli, cuyas compañías explotaron las líneas de trenes metropolitanas y el subte de la ciudad de Buenos Aires durante el kirchnerismo.
Carlos Stornelli, fiscal del caso de los cuadernos de las coimas K, había pedido la indagatoria de Jaime y Schiavi luego de que varios empresarios declararon como arrepentidos por haber pagado coimas mientras tenían el negocio de trenes y subtes. A partir de la prueba obtenida en la investigación, se abrieron varias causas judiciales, una de ellas por el pago/cobro de sobornos por la explotación del negocio ferroviario.
Uno de los arrepentidos que confesó haber pagado -además de las coimas que fueron anotadas por Centeno- por tener la explotación del subte porteño fue Aldo Roggio. En agosto pasado, en indagatoria ante Bonadio, el empresario había declarado: “En Metrovías S.A. se debió acceder a la exigencia de efectuar pagos al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por expreso pedido que él me efectuara en forma personal en su despacho al inicio de su gestión. En 1994 el Gobierno Nacional nos concesionó la prestación del servicio de Subterráneos y del Ferrocarril Urquiza“.
“El contrato fue inicialmente por 20 años y en 1999 se extendió por 4 años (concluyendo en 2017). La tarifa era la contraprestación por nuestros servicios. La concesión se desarrolló normalmente hasta la crisis nacional de 2002 que produjo el quiebre de la ecuación económico-financiera del contrato, afectada severamente por la devaluación de la moneda nacional y la hiperinflación desatada en ese entonces”, especificó.
Y continuó el empresario cordobés: “El gobierno de Duhalde dispuso un régimen general de renegociación de los contratos (UNIREN) afectados por los episodios mencionados, pese a lo cual no se llegó a concretar y tuvimos que convivir con la modalidad transitoria de compensación a través del régimen de subsidios, que se mantuvo durante toda la gestión kirchnerista. Que esta herramienta la utilizaron para mantener el esquema de subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían e, incluso, nos amenazaban de que nos podían rescindir el contrato por la falta de renegociación del contrato que las autoridades no impulsaban pese a nuestros reiterados reclamos de avanzar al respecto. Fuimos rehenes”.
Detrás de Roggio, con el mismo argumento, se encolumnó Gabriel Romero, quien además de explotar trenes tiene la concesión de la Hidrovía del Río Paraná. Por la extensión del contrato de explotación de la Hidrovía, Romero admitió -en su declaración como arrepentido- haber pagado 600.000 dólares de coimas.
De Vido, Roggio, Romero y Tasselli fueron procesados por Bonadio por el expediente de los cuadernos. Jaime, Schiavi y Cirigliano están detenidos y condenados por lo sucedido en la Tragedia de Once. Todos ellos tendrán que declarar por las sospechas de circulación de coimas al amparo del negocio ferroviario que controlaba el Estado y explotaban privados.
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