En Argentina, a veces, los avances se producen al ritmo de los escándalos. Un nuevo debate –o más bien el resurgimiento de uno– se perfila para después del tratamiento del Presupuesto, en la antesala de las elecciones del 2019. Tras el megaescándalo de los cuadernos, el de los aportantes truchos en la campaña bonaerense, y, más atrás, la impugnación de la Justicia a los balances de campaña presentados por casi todos los partidos para la elección 2015, volvió al centro de la escena el oscuro financiamiento de la política.
Semanas atrás, Cambiemos –que ya había ingresado dos iniciativas en Diputados– y el PJ federal presentaron en el Senado sus propios proyectos para establecer la bancarización de los aportes y permitir que las empresas –personas jurídicas en rigor– puedan realizar legalmente aportes durante el período de campaña. Los tiempos apremian: si la norma no sale antes de fin de año, no llegaría a la elección, y en los partidos algunos temen resistencia de los privados a realizar aportes, considerando los peligros de quedar sospechados de corrupción. Varios empresarios lo expresaron en el último Coloquio de IDEA. Políticos y empresarios comprenden que la campaña estará bajo la lupa de la opinión pública.
Breve historia. A mediados de julio estalló el escándalo de los aportantes “truchos” en la campaña del oficialismo bonaerense para las legislativas de 2017. Apenas días después, cuando Mauricio Macri ya había pedido modificar ley de financiamiento de los partidos, el oficialismo presentó un proyecto en Diputados: lo venía trabajando desde hacía meses, pero debió acelerar la presentación. El kirchnerismo, por su parte, con Máximo Kirchner, presentó un proyecto para prohibir directamente los aportes de empresas y aumentar el financiamiento público. Aún no había estallado el escándalo de los cuadernos ni se había hecho pública la declaración del arrepentido secretario de Abal Medina, que tenía pendrives con listas detalladas de la distribución, para la campaña, de parte de las coimas de los empresarios.
En 2009, la reforma electoral del kirchnerismo estableció la prohibición de los aportes de campaña para personas jurídicas –mientras en paralelo crecían los aportes ilegales o en negro. En 2008 había sido el triple crimen de General Rodríguez y la campaña de CFK en 2007 estaba sospechada de haber recibido dinero del tráfico de efedrina.
Hoy hay un sistema mixto de financiamiento, el aporte es público y privado. Y hay dos instancias de financiamiento: una es la vida institucional del partido y otra la campaña. Para el desenvolvimiento de un partido, se permiten aportes de particulares y de empresas Ahora, cuando empieza la campaña, ahí solo pueden aportar las personas físicas, no las jurídicas. Con la legislación actual está permitido el aporte en efectivo, en cualquiera de las dos instancias. No está prohibido el aporte bancarizado, pero la gran parte sigue siendo en efectivo poco rastreable.
La discusión plantea sus desafíos, no sólo en cuanto a la posibilidad de que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo, sino también dentro del propio oficialismo. Cuando el gobierno presentó el proyecto en Diputados, parte del radicalismo y la Coalición Cívica cuestionaron que las empresas puedan aportar. El Frente Renovador también tuvo expresiones de rechazo. La iniciativa no se movió, pero en el oficialismo hay confianza en que con una media sanción en el Senado, las cosas irían más fácil en Diputados. El 9 de octubre, con la firma de Miguel Pichetto y otros senadores de su bloque, el PJ federal presentó un proyecto con varias similitudes al de Cambiemos en Diputados. Una semana después, la UCR presentó el suyo, casi idéntico al que había presentado el Ejecutivo meses antes.
Ambos textos plantean la habilitación a las personas jurídicas para aportar dinero a las campañas, y también establecen que todos los aportes deben ser bancarizados (transferencia, cheque, crédito, débito, elementos que permiten la trazabilidad del dinero). Se diferencian fundamentalmente en los topes de los aportes (2% de la recaudación de un candidato, según el de Cambiemos, y 15% según el del PJ). También, en que el proyecto peronista permite el aporte, por ejemplo, de sindicatos. El PJ también quiere que los partidos puedan hacer publicidad por fuera de lo otorgado legalmente por el Estado. Según dicen en gobierno son diferencias salvables.
Los proyectos ya tuvieron en la semana su primer debate en comisión: jueces de la Cámara Nacional Electoral y especialistas invitados apoyaron las iniciativas. La intención, en el PJ y Cambiemos, es llegar a un dictamen en las próximas dos semanas y aprobar un texto conjunto antes del fin del período ordinario. Por ahora son “intenciones”. Si llega se trata antes de fin de año, advierten, se implementará ya en la campaña de 2019. Antecedente prometedor: a principio de mes obtuvo dictamen el texto de consenso para controlar y regular el Lobby, con base en un proyecto de Pichetto, y que el oficialismo también había intentado motorizar en Diputados sin éxito.
Entre los proyectos que se están tratando en las comisiones del Senado para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos y campaña, hay uno de la senadora Magdalena Odarda. La iniciativa de la rionegrina no trata sobre la bancarización, ni la posibilidad de que las empresas puedan aportar a las campañas. El proyecto, presentado el año pasado, sólo promueve que los precandidatos y los candidatos –y no solo el presidente y el tesorero del partido como hasta ahora– sean pasibles de inhabilitación de seis meses a diez años, en caso de violar la ley vigente.
La senadora dijo a este diario que habría consenso para aprobarlo. Odarda ya advirtió que no acompañará la habilitación a las empresas para aportar, pero si está de acuerdo con que todos los aportes sean bancarizados.
P- ¿Cree que esta vez hay chance de que se apruebe un proyecto para transparentar las campañas?
R- De hecho hay una agenda institucional de cuatro temas que estamos tratando de consensuar en el Senado: regular el lobby –la gestión de intereses-, estamos trabajando un proyecto conjunto para que sea transparente la relación entre el sector privado y el público y que hayan sanciones; estamos tratando de regular el traspaso presidencial, que el gobierno entrante cuente con toda la información, que el saliente la brinde, un traspaso ordenado; el tercero es una mejora en la ley de ética pública; y el cuarto es sí un proyecto de financiamiento de los partidos políticos que también tiende a que haya más transparencia, con bancarización de aportes y fortalecimiento de los controles.
P- ¿Se llegará a la campaña que viene con el proyecto aprobado?
R- Los tiempos dependen del acuerdo y en esto tiene un rol central el senador Miguel Pichetto y su bloque, que han mostrado en este momento vocación de avanzar con la agenda de transparencia. La verdad es que lo ideal hubiese sido tratarlo hace un tiempo. Lo intentamos Diputados y fue muy difícil. Ahora vemos una vocación del Senado de avanzar.
P- Tras los Cuadernos y los aportantes truchos, ¿la próxima campaña va a estar bajo la lupa de la opinión pública y la Justicia?
R- Obviamente, y la política tiene que dar una señal. No sería para nada bueno que vayamos a la próxima elección con la misma ley de financiamiento. Permitir los aportes en efectivo a esta altura ha demostrado ser un agujero. En la campaña de la mayoría de los partidos, el 50 o 60% son aportes en efectivo. Ir a un nuevo proceso electoral con la posibilidad de aportes en efectivo sería un error. Estas cuestiones hay que resolverlas y tenemos que llegar a la elección por lo menos con algunas cosas modificadas, como la bancarización, que es clave.
P- Los dos proyectos, más allá de diferencias como cuál debería ser el tope para los aportes, plantean la posibilidad de que aporten las empresas a la campaña. ¿Es posible escapar a la lógica del lobby?
R- Lo primero que hay que decir es que los países con mayor fortaleza institucional en general tienen regulado lo que es el lobby. La gestión de intereses siempre existe, no es un ilícito en sí, hay un ilícito cuando alguien en vez de gestionar un interés trata de obtener un favor a cambio de algo. Ahora, que el sector privado, sea empresario, sindical, sociedad civil, gestione para que un interés propio o colectivo pueda avanzar (un proyecto de ley, una disposición, etc.), forma parte del juego democrático. ¿A qué legislador de Río Negro no le llegan productores de manzana o peras y le dicen que necesitan tal legislación? Lo que no es bueno, justamente, es que todo eso se dé en la oscuridad. Lo que viene a regular la ley es que todo eso pueda ser conocido por la ciudadanía, hacerlo parte de la auditoría y del control ciudadano.
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