El fiscal busca establecer si las decisiones tomadas por Abad frente a la AFIP “habrían importado un desvío funcional en miras a cumplir con el objetivo de perjudicar a las empresas”.

fiscal federal Guillermo Marijuan

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria del ex titular de la AFIP entre 2015 y 2018, Alberto Abad, para que aclare por qué negó el ingreso a una moratoria al Grupo Indalo y, luego, concedió ese beneficio, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras del ente recaudador en perjuicio de la empresa.

“Resultan objeto de investigación en la causa aquellos actos llevados a cabo a partir del año 2015 por funcionarios públicos que, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo o a instancias de aquellos, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo”, resaltó el fiscal en el primer argumento de su escrito.

El fiscal pretende establecer si las decisiones tomadas por Abad frente a la AFIP “habrían importado un desvío funcional en miras a cumplir con el objetivo de perjudicar a las empresas del Grupo Indalo”.

Una de las hipótesis de los investigadores en este expediente es que la AFIP, bajo la conducción de Abad, habría formulado una “falsa denuncia” en el Juzgado en lo Penal Económico 11, imputando a los titulares del grupo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta sin que se cumplieran con los trámites administrativos o judiciales previos.

Tomando los planteos de De Sousa, promotor de la denuncia, Marijuan planteó que, “desde la entidad recaudatoria nacional, se dispuso que ya no podrían otorgarse planes de facilidades de pago con relación al tributo correspondiente a los combustibles líquidos”.

“En noviembre de 2016, el titular de la AFIP dictó una disposición particular por la cual prohibió que Oil Combustibles SA pudiera acogerse a los beneficios de la Ley 27.260 que acordaba un plan de moratoria de hasta noventa cuotas mensuales”, puntualizó el escrito al que accedió Télam y agregó que, “en marzo de 2017, dicha disposición tuvo que ser dejada sin efecto ante los reiterados reclamos efectuados”.

Por todo ello, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “los elementos recabados hasta el momento en la investigación conforman un cuadro de sospecha sobre el actuar de quien fuera el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el período involucrado, contador Alberto Abad, quien, valiéndose de la autoridad estatal con que se encontraba investido habría adoptado una medida particular en miras a perjudicar a Oil Combustibles, contrariando las pautas establecidas en la ley”.

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