Los procedimientos se realizaron en los barrios de Flores, Mataderos y Villa Lugano. Hay cinco detenidos
Los allanamientos se realizaron casi en simultáneo en cinco domicilios ubicados en los barrios de Flores, Mataderos y Villa Lugano y en tres locales comerciales de la avenida Avellaneda y del barrio de Once. Fueron ordenados por el fiscal Diego Iglesias, a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Federal N° 10, a raíz de la denuncia de una joven de 16 años que escapó en 2014 de uno de los talleres, donde era explotada.
Según relató, la joven era obligada a realizar jornadas de trabajo que a veces superaban las 20 horas. Además sufría maltrato físico, psicológico y hostigamiento sexual.
Tras varios meses de investigación se procedió a allanar los talleres y los investigadores se encontraron con trabajadores que en algunos de los lugares estaban hacinados y las habitaciones donde residían no contaban con elementos de higiene ni de seguridad.
Algunas de las víctimas declararon que habrían sido trasladadas desde la provincia de Mendoza y otras desde Bolivia. Las pesquisas constataron la presencia de trabajadores en situación migratoria irregular.
La joven denunciante contó ante la Justicia que ella habría sido traída engañada desde Bolivia por una mujer que le había ofrecido coser camisas a cambio de unos 2500 pesos mensuales que podían transformarse en 5.000 si realizaba las tareas más rápido. La propuesta incluía una jornada laboral de 12 horas y que podía abandonar el taller y regresar a Bolivia en cualquier momento.
La investigación se realizó en forma conjunta por la Fiscalía y el Departamento Investigaciones de Trata de Personas de la Prefectura Naval y la medida de los procedimientos fue ordenada por el juez Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5.
Los allanamientos se realizaron casi en simultáneo en cinco domicilios ubicados en los barrios de Flores, Mataderos y Villa Lugano y en tres locales comerciales de la avenida Avellaneda y del barrio de Once. Fueron ordenados por el fiscal Diego Iglesias, a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Federal N° 10, a raíz de la denuncia de una joven de 16 años que escapó en 2014 de uno de los talleres, donde era explotada.
Según relató, la joven era obligada a realizar jornadas de trabajo que a veces superaban las 20 horas. Además sufría maltrato físico, psicológico y hostigamiento sexual.
Tras varios meses de investigación se procedió a allanar los talleres y los investigadores se encontraron con trabajadores que en algunos de los lugares estaban hacinados y las habitaciones donde residían no contaban con elementos de higiene ni de seguridad.
Algunas de las víctimas declararon que habrían sido trasladadas desde la provincia de Mendoza y otras desde Bolivia. Las pesquisas constataron la presencia de trabajadores en situación migratoria irregular.
La joven denunciante contó ante la Justicia que ella habría sido traída engañada desde Bolivia por una mujer que le había ofrecido coser camisas a cambio de unos 2500 pesos mensuales que podían transformarse en 5.000 si realizaba las tareas más rápido. La propuesta incluía una jornada laboral de 12 horas y que podía abandonar el taller y regresar a Bolivia en cualquier momento.
La investigación se realizó en forma conjunta por la Fiscalía y el Departamento Investigaciones de Trata de Personas de la Prefectura Naval y la medida de los procedimientos fue ordenada por el juez Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5.
Publicar un comentario