Fue en una sesión que se hizo en Nueva York, con 136 a favor, seis en contra y 41 abstenciones.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy la iniciativa que impulsaba la Argentina para intentar blindar los procesos de reestructuraciones de deudas soberanas de las injerencias de los holdouts. Se trata de una resolución no vinculante que impulsa la creación de un marco regulatorio para esos casos y que ya tiene un listado de principios para atender.
La votación resultó favorable por el apoyo de 136 países, principalmente de América Latina, África y Asia. Hubo 41 abstenciones y seis pronunciamientos en contra: los de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Israel y Japón.
Al hablar ante el cuerpo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró que la aprobación es "un paso fundamental contra los ataques de los fondos buitres, como los que hoy sufre la Argentina y como lo pueden sufrir otros países".
El funcionario llamó entonces a que la ONU proponga una modificación de las estructuras financieras internacionales "para lograr un mundo mejor y en paz, un mundo libre de buitres".
Entre los "Principios básicos", el texto menciona la "inmunidad soberana" de los Estados frente a tribunales extranjeros y el respeto de las mayorías en los procesos de reestructuración, según el cual se deben aceptar las decisiones respaldadas por una mayoría cualificada de los acreedores.
También aboga por la "sostenibilidad" y considera que las reestructuraciones de deuda soberana deben preservar los derechos de los acreedores, pero a la vez promover un "crecimiento sostenible e inclusivo" en el país, "minimizar los costes económicos y sociales" y "garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional y el respeto de los derechos humanos".
La propuesta, que en el mundillo económico hay quienes la denominan "Doctrina Kicillof", establece un plazo de negociación y la creación de una comisión veedora de los procesos, y tiene como objetivo evitar fallos como los que dictó el juez de los EEUU Thomas Griesa contra la Argentina.
Para la Argentina, impulsora de la iniciativa a través del Grupo de los 77 más China, se trata de un apoyo internacional en su batalla judicial contra los fondos especulativos que le ganaron un juicio por 1.600 millones de dólares en los tribunales federales estadounidenses por deuda en default desde 2001.
"Quiero agradecer enormemente a la inmensa mayoría de miembros de las Naciones Unidas que han comprendido la importancia de esta resolución, que es una resolución a favor de la estabilidad económica, de la paz social y del desarrollo de los pueblos", dijo el canciller argentino Héctor Timerman, presente en la sesión.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy la iniciativa que impulsaba la Argentina para intentar blindar los procesos de reestructuraciones de deudas soberanas de las injerencias de los holdouts. Se trata de una resolución no vinculante que impulsa la creación de un marco regulatorio para esos casos y que ya tiene un listado de principios para atender.
La votación resultó favorable por el apoyo de 136 países, principalmente de América Latina, África y Asia. Hubo 41 abstenciones y seis pronunciamientos en contra: los de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Israel y Japón.
Al hablar ante el cuerpo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró que la aprobación es "un paso fundamental contra los ataques de los fondos buitres, como los que hoy sufre la Argentina y como lo pueden sufrir otros países".
El funcionario llamó entonces a que la ONU proponga una modificación de las estructuras financieras internacionales "para lograr un mundo mejor y en paz, un mundo libre de buitres".
Entre los "Principios básicos", el texto menciona la "inmunidad soberana" de los Estados frente a tribunales extranjeros y el respeto de las mayorías en los procesos de reestructuración, según el cual se deben aceptar las decisiones respaldadas por una mayoría cualificada de los acreedores.
También aboga por la "sostenibilidad" y considera que las reestructuraciones de deuda soberana deben preservar los derechos de los acreedores, pero a la vez promover un "crecimiento sostenible e inclusivo" en el país, "minimizar los costes económicos y sociales" y "garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional y el respeto de los derechos humanos".
La propuesta, que en el mundillo económico hay quienes la denominan "Doctrina Kicillof", establece un plazo de negociación y la creación de una comisión veedora de los procesos, y tiene como objetivo evitar fallos como los que dictó el juez de los EEUU Thomas Griesa contra la Argentina.
Para la Argentina, impulsora de la iniciativa a través del Grupo de los 77 más China, se trata de un apoyo internacional en su batalla judicial contra los fondos especulativos que le ganaron un juicio por 1.600 millones de dólares en los tribunales federales estadounidenses por deuda en default desde 2001.
"Quiero agradecer enormemente a la inmensa mayoría de miembros de las Naciones Unidas que han comprendido la importancia de esta resolución, que es una resolución a favor de la estabilidad económica, de la paz social y del desarrollo de los pueblos", dijo el canciller argentino Héctor Timerman, presente en la sesión.
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