La canciller tiene una posición más tolerante frente a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Abocada a conseguir votos a su postulación, complica la posición de la Argentina, comprometida con la OEA en parar el sufrimiento del pueblo de ese país.
La decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de convocar a todos los países de la región a una reunión urgente para discutir los abusos del régimen de Nicolás Maduro contra su pueblo no dejó lugar a más ambigüedades diplomáticas. Los gobiernos deberán tomar una posición ante la cumbre convocada para las próximas semanas, bajo la invocación de la Carta Democrática.
El gobierno de Mauricio Macri lideró la estrategia hemisférica de frenar de una vez las violaciones a los derechos humanos básicos de los venezolanos, con su pedido de la misión permanente ante la OEA de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que fue respondido rápidamente por el secretario general de la organización, Luis Almagro. Pero ese compromiso democrático de la administración del PRO podría encontrar una distorsión inesperada: la posición más tolerante de su canciller, Susana Malcorra, quien está ahora enfrascada en una carrera contrarreloj para su candidatura a secretaria general de Naciones Unidas.
En simultáneo en que Almagro -que soltó amarras ideológicas del izquierdista Frente Amplio de José Mujica- le respondía al pedido argentino para la reunión y daba forma a la convocatoria a los países para discutir la crisis terminal que enfrentan los venezolanos, la voz de Malcorra desde París sorprendió por su disonancia: "El problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos entre sí, encontrando un mecanismo de diálogo y conversación que les permita decidir cómo van a resolver la crisis yendo hacia adelante".
Esa posición de la canciller mostró una grieta en el frente argentino, que desde antes de asumir el gobierno señaló la pesadilla que viven los venezolanos, ante un régimen autoritario que mantiene un sistema económico en colapso, inflación, escasez de productos básicos, como alimentos y medicinas, inseguridad ciudadana y corrupción generalizada.
La decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de convocar a todos los países de la región a una reunión urgente para discutir los abusos del régimen de Nicolás Maduro contra su pueblo no dejó lugar a más ambigüedades diplomáticas. Los gobiernos deberán tomar una posición ante la cumbre convocada para las próximas semanas, bajo la invocación de la Carta Democrática.
El gobierno de Mauricio Macri lideró la estrategia hemisférica de frenar de una vez las violaciones a los derechos humanos básicos de los venezolanos, con su pedido de la misión permanente ante la OEA de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que fue respondido rápidamente por el secretario general de la organización, Luis Almagro. Pero ese compromiso democrático de la administración del PRO podría encontrar una distorsión inesperada: la posición más tolerante de su canciller, Susana Malcorra, quien está ahora enfrascada en una carrera contrarreloj para su candidatura a secretaria general de Naciones Unidas.
En simultáneo en que Almagro -que soltó amarras ideológicas del izquierdista Frente Amplio de José Mujica- le respondía al pedido argentino para la reunión y daba forma a la convocatoria a los países para discutir la crisis terminal que enfrentan los venezolanos, la voz de Malcorra desde París sorprendió por su disonancia: "El problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos entre sí, encontrando un mecanismo de diálogo y conversación que les permita decidir cómo van a resolver la crisis yendo hacia adelante".
Esa posición de la canciller mostró una grieta en el frente argentino, que desde antes de asumir el gobierno señaló la pesadilla que viven los venezolanos, ante un régimen autoritario que mantiene un sistema económico en colapso, inflación, escasez de productos básicos, como alimentos y medicinas, inseguridad ciudadana y corrupción generalizada.
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