Procesan a ex colaboradores de Randazzo por desviar 50 millones al Estado

El propio ex ministro hizo la denuncia ante la Justicia; involucran a 25 ex funcionarios.



El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a 25 funcionarios de dicho organismo, que en ese momento era conducido por Florencio Randazzo, por haber incurrido en fraude al Estado, entre 2009 y 2013. La maniobra incluía cheques para eventos cobrados por los propios funcionarios y icitaciones irregulares ganadas por empresas de familiares y amigos.

Según el expediente, se robaron unos 50 millones de pesos para comprar casas, autos de lujo y hasta un palco de un club de fútbol. Las irregularidades aparecieron por primera vez durante una auditoría interna del Ministerio del Interior. Fue el propio Randazzo quien radicó la denuncia ante la Justicia.

Lourdes Giménez, mano derecha de Florencio Randazzo hasta 2013, es una de las más complicadas por la investigación. La ex funcionaria era una de las máximas autoridades en los proyectos PNUD. Sólo ella, Héctor Damián Mazza y Esteban Sáenz Rico tenían la potestad de firmar los cheques que endosaban y después eran cobrados por funcionarios de menor rango o bien, directamente, se falsificaban los endosos y las facturas de los destinatarios de los cheques. Una operación que se repitió sistemáticamente.

La Justicia constató que Giménez tenía una “relación muy cercana” con la firma Callmed SA, sociedad que fue beneficiada con contratos por $ 22 millones en proyectos del PNUD. Giménez y el apoderado de la firma viajaron juntos al exterior en varias ocasiones, acreditó la Justicia. Por otro lado, la entonces funcionaria estaba autorizada a manejar un Audi Quattro, propiedad de la empresa, desde el mismo día en que el vehículo fue adquirido.

Según cuenta el diario La Nación, Callmed SA compró un departamento y dos cocheras por US$ 345.000 en Capital, dos inmuebles en Río Negro por $ 380.000 pesos y 15 autos asegurados por $ 6 millones.

Saénz Rico y Mazza eran los otros dos responsables del área compraron a través de una de sus empresas, por diez años, el palco N° 65 del estadio de Independiente. La operación se concretó el 5 de julio de 2012 por $ 492.000. El juez Bonadio pidió la clausura del palco y ordenó intimar a Independiente -presidido por Hugo Moyano- a que devuelva el dinero para que después el palco sea comercializado nuevamente.

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