Entre los expedientes más relevantes del año, el magistrado tuvo a su cargo los casos Ciccone, Fundación Suma y la ampliación del blanqueo para parientes de funcionarios
El juez federal Ariel Lijo, titular del juzgado federal N°4 y en cuyo escritorio recayó l a denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA, está acostumbrado a llevar causas sensibles para el kirchnerismo. Pero además, en los últimos meses se hizo cargo de casos que complican también a la administración de Mauricio Macri.
Una de las causas más importantes que sigue el magistrado refiere al escándalo político que involucra a Amado Boudou y a la ex empresa calcográfica Ciccone, luego Compañía de Valores Sudamericana.
Desde su cargo como ministro de Economía, Boudou habría usado sus influencias para beneficiar a la fábrica de papel moneda más grande del país y salvarla de la quiebra en 2010. Fue un amigo del socio del ex vicepresidente, José Núñez Carmona, quien se hizo cargo de la imprenta. En ese momento, la ex Ciccone resultó beneficiada con una moratoria excepcional para refinanciar su deuda y con contratos también impulsados desde el Ejecutivo.
Boudou fue procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Lijo dio por acreditado que Boudou y su amigo José María Núñez Carmona adquirieron Ciccone mientras el ex vicepresidente era ministro de Economía. Se espera para los próximos meses la elevación del caso a juicio oral.
Otro de los casos que tiene a su cargo el juez Lijo es el que investiga el origen de los fondos robados de la casa de la actual vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, durante la noche del 22 de noviembre de 2015.
La última novedad que arrojó la causa fue que el dinero (que se habría utilizado para organizar la cena de fin de año de la fundación SUMA) nunca ingresó oficialmente a la sede y tampoco se emitieron recibos. Esa conclusión deriva de una ronda de declaraciones con testigos, que tuvo lugar hace seis días.
Hace algunas semanas, Macri sumó un nuevo problema judicial. El Presidente y parte de su gabinete quedaron imputados por haber firmado un decreto que extiende los beneficios del blanqueo de capitales a familiares de funcionarios públicos.
La denuncia, que además de al Presidente abarca al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan tras una denuncia penal presentada por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. La denuncia será instruida por el juez Ariel Lijo.
El juez federal Ariel Lijo, titular del juzgado federal N°4 y en cuyo escritorio recayó l a denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA, está acostumbrado a llevar causas sensibles para el kirchnerismo. Pero además, en los últimos meses se hizo cargo de casos que complican también a la administración de Mauricio Macri.
Una de las causas más importantes que sigue el magistrado refiere al escándalo político que involucra a Amado Boudou y a la ex empresa calcográfica Ciccone, luego Compañía de Valores Sudamericana.
Desde su cargo como ministro de Economía, Boudou habría usado sus influencias para beneficiar a la fábrica de papel moneda más grande del país y salvarla de la quiebra en 2010. Fue un amigo del socio del ex vicepresidente, José Núñez Carmona, quien se hizo cargo de la imprenta. En ese momento, la ex Ciccone resultó beneficiada con una moratoria excepcional para refinanciar su deuda y con contratos también impulsados desde el Ejecutivo.
Boudou fue procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Lijo dio por acreditado que Boudou y su amigo José María Núñez Carmona adquirieron Ciccone mientras el ex vicepresidente era ministro de Economía. Se espera para los próximos meses la elevación del caso a juicio oral.
Otro de los casos que tiene a su cargo el juez Lijo es el que investiga el origen de los fondos robados de la casa de la actual vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, durante la noche del 22 de noviembre de 2015.
La última novedad que arrojó la causa fue que el dinero (que se habría utilizado para organizar la cena de fin de año de la fundación SUMA) nunca ingresó oficialmente a la sede y tampoco se emitieron recibos. Esa conclusión deriva de una ronda de declaraciones con testigos, que tuvo lugar hace seis días.
Hace algunas semanas, Macri sumó un nuevo problema judicial. El Presidente y parte de su gabinete quedaron imputados por haber firmado un decreto que extiende los beneficios del blanqueo de capitales a familiares de funcionarios públicos.
La denuncia, que además de al Presidente abarca al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan tras una denuncia penal presentada por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. La denuncia será instruida por el juez Ariel Lijo.
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