El Senado acordó un proyecto de recupero de bienes de la corrupción: el 7 de agosto se firmará el dictamen



El Senado retomó hoy el tratamiento del proyecto de ley de extinción de dominio, una iniciativa clave para recuperar los bienes de la corrupción, pero los bloques no se pusieron de acuerdo en un dictamen y decretaron cuarto intermedio hasta el 7 de agosto. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados en junio de 2016, pero luego fue "cajoneado" en la Cámara Alta y si no es aprobado antes de fin de año perderá estado parlamentario.

Oficialistas y opositores llegaron al debate con posturas muy diferentes acerca de la ley que podría permitirle al Estado recuperar bienes y fondos generados a través de actos de corrupción o narcotráfico. Por esto motivo, el PJ y Cambiemos buscarán consensuar un proyecto "superador". El Bloque Justicialista, que conduce Miguel Ángel Pichetto, intentó firmar el dictamen de su proyecto que busca reemplazar la iniciativa aprobada en 2016. Su espacio cuestiona que el proceso de extinción de dominio quede en manos de la Justicia civil y le permita a los fiscales pedir el decomiso de los bienes antes de que exista una condena.

"Hay una ardua tarea de las redes y de mucho trolls tratando de distorsionar. El proyecto de Diputados estuvo motivado por el caso José López pero no garantiza el derecho a la propiedad. Hay que darle a esta norma un cierto procedimiento y garantías de carácter constitucional", aseguró en el inicio de su exposición Pichetto. Su proyecto apunta a que la investigación se desarrolle mediante una acción civil dentro del proceso penal y que se requiera una sentencia de culpabilidad para poder acceder a los activos. "Si los bienes del acusado fueron adquiridos previo a su paso por la función pública, no deben ser tenidos en cuenta para la figura de la extinción de dominio", agregó.

En cambio, el oficialismo buscó imponer su proyecto, formulado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que establece la apertura de una investigación autónoma en el fuero civil a pedido del Ministerio Público Fiscal. Además, promueve que si el acusado no puede justificar el origen de su dinero, el juez podrá pasárselos al Estado para que defina el modo de utilizarlos.

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