Reynoso fue procesado por encabezar una organización, con empleados del juzgado y abogados, que habría exigido pagos de dinero y hasta entrega de campos para beneficiar a personas acusadas de narcotráfico.
El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió hoy en su cargo y envió a juicio político al juez federal de Orán, Juan Reynoso, quien está procesado por cobrar coimas a acusados de narcotráfico.
Reynoso fue enviado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que lo juzgará por presunto mal desempeño de sus funciones. Ese proceso se deberá resolver en un plazo de 180 días en los que se decidirá si se lo destituye o se rechaza la acusación y se lo mantiene en el cargo.
Reynoso no fue enviado a juicio por beneficiar a narcos -como sostiene la acusación penal en su contra en la causa en la que fue procesado- sino que aquí será analizado su actuación por detener de manera e ilegal -y dejar en esa situación durante más de 20 días- a un abogado que presuntamente lo había amenazado.
La decisión fue tomada por los consejeros Miguel Piedecasas (ahora presidente del cuerpo), Adriana Donato, Luis María Cabral Leónidas Moldes, Angel Rozas y Gustavo Valdés. Se abstuvo, no obstante, Juan Mahiques -representante del Poder Ejecutivo- porque cuando llegó la acusación al Consejo él no integraba el cuerpo y su voto podría derivar en una nulidad de la decisión. Los representantes del Frente para la Victoria no estuvieron en el plenario.
Reynoso fue procesado por el juez federal de Salta Julio Bavio por los delitos de asociación ilícita, concusión y prevaricato por encabezar una organización, con empleados del juzgado y abogados, que habría exigido pagos de dinero y hasta entrega de campos para beneficiar a personas acusadas de narcotráfico.
La causa se inició por una investigación del fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el procesamiento fue apelado por Reynoso a la Cámara federal.
Ese mismo tribunal desestimó un planteo de habeas corpus que había hecho el magistrado, en un intento de invalidar la declaración indagatoria que prestó el 18 de noviembre pasado ante un juez federal en Salta capital.
El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió hoy en su cargo y envió a juicio político al juez federal de Orán, Juan Reynoso, quien está procesado por cobrar coimas a acusados de narcotráfico.
Reynoso fue enviado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que lo juzgará por presunto mal desempeño de sus funciones. Ese proceso se deberá resolver en un plazo de 180 días en los que se decidirá si se lo destituye o se rechaza la acusación y se lo mantiene en el cargo.
Reynoso no fue enviado a juicio por beneficiar a narcos -como sostiene la acusación penal en su contra en la causa en la que fue procesado- sino que aquí será analizado su actuación por detener de manera e ilegal -y dejar en esa situación durante más de 20 días- a un abogado que presuntamente lo había amenazado.
La decisión fue tomada por los consejeros Miguel Piedecasas (ahora presidente del cuerpo), Adriana Donato, Luis María Cabral Leónidas Moldes, Angel Rozas y Gustavo Valdés. Se abstuvo, no obstante, Juan Mahiques -representante del Poder Ejecutivo- porque cuando llegó la acusación al Consejo él no integraba el cuerpo y su voto podría derivar en una nulidad de la decisión. Los representantes del Frente para la Victoria no estuvieron en el plenario.
Reynoso fue procesado por el juez federal de Salta Julio Bavio por los delitos de asociación ilícita, concusión y prevaricato por encabezar una organización, con empleados del juzgado y abogados, que habría exigido pagos de dinero y hasta entrega de campos para beneficiar a personas acusadas de narcotráfico.
La causa se inició por una investigación del fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el procesamiento fue apelado por Reynoso a la Cámara federal.
Ese mismo tribunal desestimó un planteo de habeas corpus que había hecho el magistrado, en un intento de invalidar la declaración indagatoria que prestó el 18 de noviembre pasado ante un juez federal en Salta capital.
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