El Gobierno le pidió a Servini que informe quiénes la presionaron

La jueza había dicho que con el cambio de Gobierno ya no le golpeaban la puerta del despacho. El ministro de Justicia dijo que si los aprietes no se investigan “quedan como comentarios”



La jueza federal María Romilda Servini reveló ayer que durante el kirchnerismo recibió presiones, algo que, dijo, durante la administración de Mauricio Macri no ocurre. Frente a esta declaración, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, consideró que el de la magistrada "es un testimonio muy grave" y pidió a los jueces denunciar los aprietes que sufran.

Garavano consideró que los dichos de Servini "dimensionan cómo funcionó la Justicia durante estos años", durante los cuales "se generó un manto de impunidad muy fuerte".

LEÉ TAMBIEN Servini: "Ahora podemos investigar tranquilos, ya nadie toca la puerta para presionar" La magistrada marcó la principal diferencia que observa a partir del cambio de Gobierno. Además pidió revisar la ley de excarcelación para terminar con la “puerta giratoria” para los delincuentes.

En este marco, el funcionario apuntó que son "los propios jueces quienes deberían dilucidar, aclarar y generar investigaciones que lleguen a juicio".

"A la gente le produce cierta desconfianza, fastidio e impotencia que muchas veces estas cosas son referidas por los propios actores y quedan como comentarios", agregó en una entrevista que concedió a TN.

En la misma línea, Garavano pidió: "Si un juez sabe que un colega recibe presiones, que lo denuncie y que el Consejo de la Magistratura investigue. Sino, es una cuestión más mediática o de comentarios".

"Es importante que el Consejo tome cartas en estos asuntos. Que puedan indagar en función de las responsabilidades que pueda haber, de los propios jueces y fiscales. Sino, que expliquen de quién recibían presiones y por qué los casos se cerraban sin ser investigados", consideró.

Por último, Garavano destacó que la Justicia presenta dos problemas, uno estructural y otro de gestión. En el primer caso, mencionó que el poder judicial "tiene un problema edilicio, tecnológico y de recursos humanos", producto de "años de desinversión y de no gestión".