El proyecto de ley que procura regular el precio de los alquileres, que ya obtuvo media sanción en el Senado, generó preocupación en el sector
"Si hay más inmuebles para alquiler bien, pero si se retrae la oferta, el proyecto no tiene sentido", dijo a Télam el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Juan Bennazar.
En tanto, José Rozados, director del sitio especializado Reporte Inmobiliario dijo que "los propietarios pueden llegar a retraer la oferta de sus inmuebles debido a la extensión de los plazos del alquiler residencial, que de dos años pasan a ser de tres años".
A su turno, el miembro del consejo directivo del Colegio Inmobiliario de Buenos Aires (Cucicba), Mario Gómez, dijo a Télam que la iniciativa de la diputada del FPV rionegrino, Victoria Silvina García Larraburu, "pone más restricciones y dificulta la libre contratación entre las partes".
"Hay otro objetivo detrás de esto que es el de utilizar a los inquilinos para tener un proyecto político por detrás", dijo Armando Pepe, fundador de la CIA.
El proyecto lleva el plazo de los contratos de alquiler residencial de dos a tres años, pone topes a las comisiones de honorarios de las inmobiliarias, limita los ajustes del precio y establece un régimen anual para rediscutirlos. Indica que si hay una inflación superior al 10%, el precio del alquiler surgirá de un promedio entre la inflación y el salario.
"El proyecto no es positivo para el sector inmobiliario. No lo favorece. Termina impactando contra los que teóricamente quiere beneficiar, que son los inquilinos", reflexionó Gómez.
Agregó que los alquileres "nunca se ajustan más allá de la inflación" y señaló que "acá el error es pensar que hay una parte fuerte y una parte débil".
"Si hay más inmuebles para alquiler bien, pero si se retrae la oferta, el proyecto no tiene sentido", dijo a Télam el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Juan Bennazar.
En tanto, José Rozados, director del sitio especializado Reporte Inmobiliario dijo que "los propietarios pueden llegar a retraer la oferta de sus inmuebles debido a la extensión de los plazos del alquiler residencial, que de dos años pasan a ser de tres años".
A su turno, el miembro del consejo directivo del Colegio Inmobiliario de Buenos Aires (Cucicba), Mario Gómez, dijo a Télam que la iniciativa de la diputada del FPV rionegrino, Victoria Silvina García Larraburu, "pone más restricciones y dificulta la libre contratación entre las partes".
"Hay otro objetivo detrás de esto que es el de utilizar a los inquilinos para tener un proyecto político por detrás", dijo Armando Pepe, fundador de la CIA.
El proyecto lleva el plazo de los contratos de alquiler residencial de dos a tres años, pone topes a las comisiones de honorarios de las inmobiliarias, limita los ajustes del precio y establece un régimen anual para rediscutirlos. Indica que si hay una inflación superior al 10%, el precio del alquiler surgirá de un promedio entre la inflación y el salario.
"El proyecto no es positivo para el sector inmobiliario. No lo favorece. Termina impactando contra los que teóricamente quiere beneficiar, que son los inquilinos", reflexionó Gómez.
Agregó que los alquileres "nunca se ajustan más allá de la inflación" y señaló que "acá el error es pensar que hay una parte fuerte y una parte débil".
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