“No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley en casi ‘enemigos sociales’”, dice el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina
La Iglesia pidió no convertir a los jóvenes infractores a la ley penal en “enemigos sociales” luego de que el gobierno impulsara el debate sobre la baja de edad de imputabilidad de los menores. “No pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática”, señalaron la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Tambén reclamaron “hacer cumplir” con los “derechos” de los jóvenes.
La reducción de 16 a 14 años en la edad de imputabilidad generó reacciones en todos los sectores políticos y sociales. Desde la CEA salieron a marcarle la cancha al gobierno y pusieron el acento en los motivos que pueden llevar a los jóvenes a delinquir. Subrayaron que “un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres” y que “cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral”.
Por eso pidieron no “mirar solamente la 'fotografía' del hecho” sino focalizarse en “la 'película de su vida' para atrás”. Según entienden desde la CEA así podrá advertirse “la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir”.
Desde la CEA eligieron citar a Jorge Mario Bergoglio, cuando era Arzobispo de Buenos Aires para apoyar sus planteos. “Frente a esta realidad, aparece una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización”, opinaba el hoy Papa Francisco en 2005.
En su documento emitido ayer, los obispos también señalaron que el debate impulsado por el gobierno nacional “no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones 'Ni un pibe menos por la droga'” que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre.
La Iglesia pidió no convertir a los jóvenes infractores a la ley penal en “enemigos sociales” luego de que el gobierno impulsara el debate sobre la baja de edad de imputabilidad de los menores. “No pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática”, señalaron la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Tambén reclamaron “hacer cumplir” con los “derechos” de los jóvenes.
La reducción de 16 a 14 años en la edad de imputabilidad generó reacciones en todos los sectores políticos y sociales. Desde la CEA salieron a marcarle la cancha al gobierno y pusieron el acento en los motivos que pueden llevar a los jóvenes a delinquir. Subrayaron que “un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres” y que “cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral”.
Por eso pidieron no “mirar solamente la 'fotografía' del hecho” sino focalizarse en “la 'película de su vida' para atrás”. Según entienden desde la CEA así podrá advertirse “la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir”.
Desde la CEA eligieron citar a Jorge Mario Bergoglio, cuando era Arzobispo de Buenos Aires para apoyar sus planteos. “Frente a esta realidad, aparece una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización”, opinaba el hoy Papa Francisco en 2005.
En su documento emitido ayer, los obispos también señalaron que el debate impulsado por el gobierno nacional “no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones 'Ni un pibe menos por la droga'” que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre.
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