El juez en lo penal económico Javier López Biscaryart procesó y embargó en 250 millones de pesos a Lázaro Báez en el marco de una causa que lo investiga por una supuesta evasión impositiva de más de 80 millones de pesos del Grupo Austral. Asimismo, el magistrado destacó que el procesamiento del empresario es sin prisión preventiva, algo que hizo extensivo a su hijo Martín Báez, a otros directivos de Austral Construcciones y a dos funcionarias de la AFIP.
La causa, que se inició por una denuncia de la diputada oficialista Elisa Carrió en 2013, investiga al empresario por supuestas maniobras de evasión impositiva realizadas mediante convenios celebrados entre las empresas del Grupo Austral: La Estación SA; Don Francisco SA; Kank y Costilla SA; Loscalzo y del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral SRL; Badial SA y Austral Construcciones SA con la gerenciadora Valle Mitre SA.
En ese sentido, el juez López Biscayart procesó y ordenó un embargo por 250 millones de pesos al empresario patagónico, a su hijo Martín Báez, a Emilio Martín y los ex funcionarios de la AFIP: Fabiola Bartra Alonso y Mónica Majhen Otero. Es más, la medida se hizo extensiva al presidente del Grupo Austral, Julio Mendoza, al contador Claudio Bustos, pero el contador César Andrés fue sobreseído.
Asimismo, por este expediente, Báez se negó a declarar y presentó, en cambio, un escrito donde desmintió que se haya desempeñado como presidente, o representante legalmente a la firma, y manifestó no entender las razones por las que la AFIP hizo un reclamo de 80 millones de pesos. De todas maneras, el empresario se encuentra detenido por pedido del fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como "La Ruta del Dinero K".
Vale recordar que el empresario solicitó el cese de su prisión preventiva en el marco de la causa por lavado de dinero a través de maniobras en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", por la que aguarda el juicio oral y público. Según su presentación, el próximo 5 de abril se cumplen dos años de encarcelamiento y la ley establece ese plazo como máximo para la medida, siendo que el letrado adujo que no existe "peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación".
Publicar un comentario