Por la crisis de los migrantes, Quito expulsa a la embajadora venezolana

Ecuador expulsó ayer a Carol Delgado, embajadora de Venezuela en esta nación, por considerar que el ministro de Comunicaciones de ese país recientemente se expresó de manera ofensiva contra el presidente Lenín Moreno. Además, Ecuador convocó a su encargada de negocios en Venezuela a consultas.

En un comunicado la cancillería dijo que tras las declaraciones de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela, “Ecuador no tolerará muestra de ofensas a sus autoridades”.

Sin embargo, se aclaró que seguirá brindando asistencia a los ciudadanos venezolanos que ingresan al país, “contribuyendo con un esfuerzo económico y social significativo para proteger sus derechos humanos”.

Rodríguez había dicho el miércoles desde Caracas, en referencia a Moreno, que “no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso en un podio como el de Naciones Unidas... la cifra que él manejó es como si 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador”. En esa ocasión el presidente ecuatoriano pidió ayuda continental para enfrentar el creciente flujo de venezolanos que ha llegado hasta algunos países de la región.

En un comunicado, la Secretaría de Comunicación de Ecuador dijo que Rodríguez “avergüenza a los migrantes de su país”. “Demuestra que ese socialismo corrupto, asesino y mentiroso del siglo XXI aún vive en Venezuela”.

Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) Ecuador tuvo una estrecha relación con el chavismo, pero desde la llegada al poder de Moreno las relaciones se han reducido al mínimo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó el jueves a 325 el saldo de fallecidos durante los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua desde abril, incluidos 24 menores y 21 policías.

La CIDH, a través de la información registrada por su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), informó también un incremento de la represión durante las últimas semanas para disuadir las manifestaciones públicas en la nación centroamericana de seis millones de habitantes.

La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron “extrema preocupación” después de que la Policía Nacional de Nicaragua declaró el mes pasado ilegales las manifestaciones y responsabilizó penalmente a sus convocantes.

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