El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arrancó su mandato tomando controvertidas medidas sociales en concordancia con su prometido giro ultraconservador, pero resultó ser menos ambicioso de lo esperado en cuanto a reformas económicas.

Determinado a romper con décadas de políticas de centroizquierda en Brasil y sumarse a la ola antiglobalizadora que se expande por el planeta, el exmilitar de 63 años inició su mandato el martes decretando el traspaso al ministerio de Agricultura de la demarcación de las tierras indígenas.

Una forma, según sus detractores, de entregar los territorios ancestrales de los indígenas al apetito voraz del agronegocio, cuya influyente bancada parlamentaria está detrás del nombramiento de su jefa, Tereza Cristina, como ministra de Agricultura.

Bolsonaro, que en su discurso de investidura prometió “restablecer el orden” y “liberar a Brasil del socialismo”, emprendió también una “limpieza” ideológica de simpatizantes de izquierda en el seno de la administración.

La polémica encendida por la ministra de esta cartera, Damares Alves, al aparecer festejando en un video el inicio de una “nueva era” en Brasil, en la que “niño viste de azul y niña de rosa”, dice mucho del giro conservador recién iniciado en el país.

En política exterior, Bolsonaro selló una estrecha alianza con Estados Unidos, para combatir -entre otras cosas- las “dictaduras” de Venezuela y Cuba, y dijo que estaba abierto a discutir en un futuro la instalación de una base militar estadounidense.

Su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, dijo que la prioridad número uno del gobierno es abordar el insostenible sistema de pensiones de Brasil.

Los mercados aplaudieron estos primeros pasos: la bolsa de Sao Paulo se disparó hasta un nivel récord y el real se valorizó frente al dólar.

Pero el jueves y el viernes, Bolsonaro sembró cierta confusión en sus intervenciones en la prensa. Habló de poner una edad mínima de jubilación muy por debajo de lo que está estudiando su equipo económico, minando la esperanza de que aborde con firmeza la reforma del sistema de pensiones, que hoy por hoy consumen un tercio del gasto público.

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