Allanaron la casa de la supervisora de Migraciones que dejó ingresar a los iraníes



Efectivos de seguridad allanaron la casa de la supervisora de Migraciones llamada Claudia Zaporta, de 48 años, empleada de la DNM desde 2005, involucrada en el ingreso al país de los dos iraníes con documentos de Israel falsos. Además, se suspendieron a los funcionarios involucrados en esta falla y se procedió con la apertura de un sumario administrativo.

Según logró reconstruir Infobae, Emilio Piñol, empleado de la Dirección de Migraciones, fue el encargado de chequear los pasaportes aparentemente israelíes de quienes decían ser Netanel Toledano y Rivka Toledano, que venían en un vuelo desde España. Tras una consulta con la base global I-24/7 de Interpol reveló que estos pasaportes habían sido denunciados como "robados".

Ante esta situación, el empleado activó las alertas de restricción en el sistema local y le consultó qué hacer al respecto a José Ignacio Naldini, un funcionario de mayor jerarquía.

Como resultado, horas más tarde Interpol en Jerusalén recibió una notificación desde Argentina, un pedido de información sobre los supuestos Toledano que alertaba que habían llegado al país.

Además, los registros evidenciaron que la supervisora Zaporta fue quien determinó que la restricción sobre los iraníes en el sistema "se debía a una denuncia sobre pérdida del pasaporte" y que se procedió a "su ingreso con pasaporte hábil de viaje". Para sumar a la ironía, Interpol Israel envió otro mensaje que aseguraba que los pasaportes falsos hasta tenían faltas de ortografía en hebreo.

El miércoles 13, un día después de su llegada, el Estado argentino recibió la respuesta del Gobierno israelí, afirmando que los pasaportes efectivamente habían sido robados a dos hermanos del mismo apellido que estaban dentro de Israel en ese momento.

Finalmente, los iraníes Sabzali y Naserani fueron detenidos por la Policía Federal Argentina en un operativo supervisado en persona por el jefe de la fuerza, Néstor Roncaglia, tras una investigación de la AFI y llevados a una alcaidía de la dependencia de la PFA en la calle Cavia, con una investigación a cargo del juez Luis Rodríguez.

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