Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, presididas por el santafecino Nicolás Mayoraz y el jujeño Manuel Quintar, ambos oficialistas, se reunirán este martes a las 14 en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo para dar inicio a una de las reformas electorales que el Gobierno tiene en mente para antes del 2025. Se suma a la Boleta Única Papel, que ya corre en el Senado, y a la futura presentación de eliminación de las PASO.
Ficha Limpia: qué proponen
También es una prioridad en la agenda amarilla, con un proyecto que encabeza la diputada Silvia Lospennato -una fuerte defensora del proyecto en los años anteriores- para prohibir las precandidaturas a personas condenadas por delitos dolosos contra el Estado.
Uno parecido presenta Emmanuel Bianchetti y se suma el de Martín Maquieyra -todos del PRO-, para inhabilitar como precandidatos en las Primarias, cargos públicos electivos nacionales o designaciones partidarias a personas con sentencia condenatoria firme en segunda instancia por delitos de corrupción.
Por su parte, el oficialismo encabeza una iniciativa menos tolerante. Según le dijo uno de los autores del proyecto a BAE Negocios, destacan que, a diferencia del PRO, en el oficialismo buscarán contemplar más delitos inhabilitantes.
Además, pedirán que sea suficiente una condena en primera instancia para prohibir la candidatura, ya que consideran que esperar a una sentencia firme puede tardar décadas. Esto será uno de los puntos de debate, para el cual invitaron a juristas. De la UCR asoman en coincidencia con LLA en ese sentido: ellos tienen un proyecto propio de la santacruceña Roxana Reyes, en el que también plantean la inhabilitación con condena en primera instancia.
La propuesta no es nueva y ya es ley en seis provincias: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, Santa Fe y San Juan; todas mantienen en común que los condenados penalmente no pueden ser candidatos. Pero a nivel nacional, el debate no prevaleció, aunque obtuvo un dictamen favorable en 2019, en términos de condena en segunda instancia. Esta es la tercera vez que se intenta aprobar.
En intentos anteriores, el kirchnerismo se opuso porque consideraron que le serviría de herramienta al Poder Judicial para intervenir en la política y la participación ciudadana. También alegaron que el requerimiento debía implicar condena firme porque, si no, se viola el principio de inocencia, y finalmente habían definido ir con un dictamen propio que solamente restringía la habilitación para condenas a delitos específicos: el tráfico de drogas, lavado de activos, contrabando y evasión.
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