Las cuentas del gobierno central de Brasil registraron en febrero un déficit primario de R$ 7.357 millones -equivalentes a casi u$s 2.300 millones-, lo que constituyó el peor resultado para el mes en 18 años, en momentos en que el gobierno intenta convencer al Congreso de aprobar las leyes para encaminar el ajuste fiscal con el que se propone reactivar la economía.
En las cuentas del gobierno impactó el déficit en la Seguridad Social de R$ 5.875 millones y el rojo en el Tesoro Nacional de R$ 1.504 millones en febrero. El Banco Central, tercer componente en esa cuenta, tuvo un superávit de R$ 22,2 millones.
Una idea de la aceleración del déficit se tiene al constatar que en los últimos doce meses hasta enero representaba el 0,39% del Producto Bruto Interno (PBI) mientras en la misma cuenta hasta febrero alcanzó al 0,48% del PBI.
El déficit se recortó a R$ 2.300 millones en febrero si se consideran las cuentas de todo el sector público, que incluyen además del Estado nacional a los estados (provincias), municipios y empresas estatales, con excepción de Petrobras y Eletrobras. Los gobiernos regionales y municipales consiguieron un superávit de R$ 5.400 millones en febrero.
En esa cuenta el rojo fiscal en doce meses fue de R$ 35.800 millones, equivalente a 0,69% del PBI, contra el 0,61% del PBI analizando la cifra anual hasta enero, otro índice negativo.
El resultado brinda una idea de las dificultades que enfrenta el equipo económico que comanda el ortodoxo Joaquim Levy para llevar adelante el ajuste definido, que busca cumplir un superávit primario consolidado de 1,2% del PBI este año, alrededor de R$ 66.300 millones.
Con déficit en el sector público, en la balanza comercial, inflación en ascenso, estancamiento económico y luces amarillas en el sector del empleo, el gobierno de Dilma Rousseff busca el aval del Congreso a las medidas diseñadas por Levy para reactivar impuestos, recortar gastos de funcionamiento del Ejecutivo e imponer restricciones al seguro desempleo y las pensiones por fallecimiento.
Levy insistió ayer ante la Comisión de Asuntos Económicos del Senado en la necesidad de respaldar el ajuste para mejorar la competitividad de Brasil y evitar que el país pierda el grado de inversión. "Tenemos que estar atentos al riesgo de evitar (que el país pierda el grado de inversión). El costo será altísimo para el gobierno, con aumento del costo de la deuda, para las empresas y para el trabajador, que vivirá en un país con más dificultades", dijo ante los legisladores. "Para preservar el empleo tenemos que colocar la deuda pública en una trayectoria de sustentable", señaló.
El ministro defendió la ampliación de los mercados externos y defendió el ajuste del cambio, que provocó una devaluación del real en las últimas semanas (cerró ayer a 3,19 por dólar). Afirmó que el gobierno discutió nuevos acuerdos comerciales, a los que definió como instrumentos para que "Brasil tenga presencia en el mercado mundial".
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