La norma se aprobó por 227 votos a favor y solo 1 en contra. La iniciativa ahora vuelve al Senado
La declaración de la Emergencia Social por tres años en todo el país fue aprobada este martes en la Cámara de Diputados con apoyo casi unánime, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y movimientos sociales con el acompañamiento de la CGT.
El proyecto, impulsado por el Movimiento Evita, obtuvo 227 votos a favor, y se estima que beneficiará a 3,5 millones de trabajadores, lo que significará para las arcas estatales un costo de 30.000 millones de pesos.
Al momento de la votación hubo 4 abstenciones, del Frente de Izquierda, que reclamó otras medidas como el blanqueo y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Hubo un solo voto en contra, del monobloquista salteño Alfredo Olmedo.
La iniciativa, que ahora deberá tratar el Senado, propone declarar la Emergencia Social hasta el 31 de diciembre de 2019 en todo el territorio nacional, y fue negociada por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y Barrios de Pie, que este martes llevó adelante cortes en la Capital Federal y numerosas ollas populares en distintos puntos.
En el inicio del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) destacó: “Reconocemos la Emergencia Social porque lo primero que hemos hecho es poner de pie el nuevo INDEC”. “Hemos heredado una crisis social dramática”, acotó.
El macrista consideró que la ley “ratifica y continúa las sucesivas prórrogas que ha habido” y “viene a reconocer” el “grave diagnóstico” respecto de la situación socioeconómica del país. También señaló que la norma “viene a agregar un marco de diálogo que no existía hasta hoy” y “a crear un abordaje distinto al tratamiento de la economía popular”.
A su turno, la legisladora Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria) aseguró que se trata de personas que “no pueden acceder a un empleo” y “muchas veces son ignorados o desconocidos, pero forman parte de nuestra cotidianeidad”.
La representante del Movimiento Evita advirtió que “entre un 25 y 30 por ciento” de la población son personas que “se encuentran excluidas del empleo formal, pero son trabajadores” y enumeró a “la señora que limpia una casa, el vendedor ambulante, los artesanos, la costurera del taller clandestino y el cartonero que separa la basura”, entre otros casos.
El proyecto consta de 12 artículos y establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”.
Este organismo, que comenzará a funcionar 90 días después de la promulgación de la ley, estaría conformado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales.
Por otra parte, se crea el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios.
En el caso de que al 31 de diciembre de 2018 esos fondos hubieran sido ejecutados, el jefe de Gabinete podría resignar partidas por otros 5.000 millones de pesos, como máximo.
La declaración de la Emergencia Social por tres años en todo el país fue aprobada este martes en la Cámara de Diputados con apoyo casi unánime, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y movimientos sociales con el acompañamiento de la CGT.
El proyecto, impulsado por el Movimiento Evita, obtuvo 227 votos a favor, y se estima que beneficiará a 3,5 millones de trabajadores, lo que significará para las arcas estatales un costo de 30.000 millones de pesos.
Al momento de la votación hubo 4 abstenciones, del Frente de Izquierda, que reclamó otras medidas como el blanqueo y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Hubo un solo voto en contra, del monobloquista salteño Alfredo Olmedo.
La iniciativa, que ahora deberá tratar el Senado, propone declarar la Emergencia Social hasta el 31 de diciembre de 2019 en todo el territorio nacional, y fue negociada por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y Barrios de Pie, que este martes llevó adelante cortes en la Capital Federal y numerosas ollas populares en distintos puntos.
En el inicio del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) destacó: “Reconocemos la Emergencia Social porque lo primero que hemos hecho es poner de pie el nuevo INDEC”. “Hemos heredado una crisis social dramática”, acotó.
El macrista consideró que la ley “ratifica y continúa las sucesivas prórrogas que ha habido” y “viene a reconocer” el “grave diagnóstico” respecto de la situación socioeconómica del país. También señaló que la norma “viene a agregar un marco de diálogo que no existía hasta hoy” y “a crear un abordaje distinto al tratamiento de la economía popular”.
A su turno, la legisladora Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria) aseguró que se trata de personas que “no pueden acceder a un empleo” y “muchas veces son ignorados o desconocidos, pero forman parte de nuestra cotidianeidad”.
La representante del Movimiento Evita advirtió que “entre un 25 y 30 por ciento” de la población son personas que “se encuentran excluidas del empleo formal, pero son trabajadores” y enumeró a “la señora que limpia una casa, el vendedor ambulante, los artesanos, la costurera del taller clandestino y el cartonero que separa la basura”, entre otros casos.
El proyecto consta de 12 artículos y establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”.
Este organismo, que comenzará a funcionar 90 días después de la promulgación de la ley, estaría conformado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales.
Por otra parte, se crea el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios.
En el caso de que al 31 de diciembre de 2018 esos fondos hubieran sido ejecutados, el jefe de Gabinete podría resignar partidas por otros 5.000 millones de pesos, como máximo.
Publicar un comentario