El Gobierno tomó distancia de los dichos de Gómez Centurion

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural expresó que las apreciaciones del jefe de la Aduana son “a título personal”



El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano , rechazó los dichos del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión , sobre la última dictadura militar y recordó que "la Justicia se ha pronunciado" respecto al terrorismo de Estado. Mientras dirigentes de diversos sectores piden que el funcionario sea apartado de su cargo, Garavano advirtió que los derechos humanos son una "una política de Estado".

"Es un tema en que la Justicia ya se ha pronunciado. Todos pueden tener su opinión, pero ya hay pronunciamientos judiciales. Lo importante en esto es mirar hacia el futuro. No tiene hoy sentido volver a generar discusiones sobre un tema en el que la justicia ya se ha pronunciado en numerosos casos", resaltó en diálogo con Radio La Red.

Consultado sobre si el Ejecutivo generaba discusiones innecesarias sobre temas sensibles, el funcionario respondió: "Venimos de un gobierno que exacerbó esa confrontación de varias décadas atrás. Venimos de algún modo con esa lógica. Este gobierno con errores y aciertos está tratando de marcar que, por un lado, este es un tema que es política de Estado, que los argentinos tenemos que tener conciencia de que nunca más tiene que haber dictadura y el horro que vivimos por parte del Estado, que no tiene que haber más violencia de todos los sectores y mirar para adelante".

Y agregó: "Por la lógica recargada del gobierno anterior en términos de la confrontación es que parece esta cuestión más desteñida y de rever polémicas".

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En el programa televisivo Debo Decir, que conduce Luis Novaresio, el jefe de la Aduana dijo que "lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra". Y amplió: "Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento".

Por otra parte, sostuvo que "8000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras".


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