La jueza Loretta Preska ratificó que la Argentina deberá pagar a dos fondos buitre un resarcimiento de 16.099 millones de dólares por la nacionalización de YPF, ocurrida en 2012. El Gobierno adelantó que apelará el fallo que se dictó en el juicio por la expropiación de la empresa.
La jueza Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, falló a favor de los demandantes Burford Capital, que adquirió los derechos de disputa al Grupo Petersen, y Eton Park. Los primeros acusaron a la Argentina de "no querer negociar".
La magistrada ordenó que Petersen reciba 14.385.449.737 dólares, de los cuales 7.533.269.948 de dólares corresponden a daños y 6.852.179.789 de dólares al 8% de interés simple previo a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.
La jueza también dispuso que Eton Park recupere 1.714.338,556 de dólares, que corresponden 897.752.615 dólares a daños. Más 816.585.941 de dólares por intereses simples previos a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.
Además, determinó que Petersen y Eton Park recuperen también los intereses posteriores a la sentencia, calculado a partir de la fecha de entrada de esta sentencia a una tasa del 5,42% anual, computada diariamente hasta el pago.
En el fallo de hoy, la magistrada ordenó que todos los demás reclamos de los demandantes contra la República Argentina, incluidos los vinculados con incumplimiento anticipado, incumplimiento del deber de buena fe y trato justo e impedimento promisorio, sean desestimados, así como todos los reclamos contra la empresa YPF.
Apelarán el fallo
Previo a darse a conocer la sentencia de primera instancia, la Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos y de trabajar sobre de monto de la fórmula determinada en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.
Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en una carta enviada a la jueza de Nueva York a cargo del caso.
"La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación", aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.
la defensa de Burford acusa que Argentina "no quiere negociar"
La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país de haberse "negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar una presentación conjunta", afirmó el abogado denunciante Dereck Ho.
Así se refirió a los últimos requerimientos de la jueza neoyorkina de darle un número final al monto de manera conjunta, en la misma orden judicial de la semana pasada, cuando pronunció sobre la fórmula que debía aplicarse para calcular el monto de resarcimiento a los demandantes por la expropiación de YPF.
"Eso no es cierto", retrucaron los abogados de la Argentina, quienes a su vez denunciaron que "unilateralmente" el estudio de abogados presentó sus cálculos ayer a la justicia de Estados Unidos, al tiempo que expusieron su cooperación y los números aportados al caso.
Desacuerdo entre las partes
Preska ordenó la semana pasada a ambas partes a que se pongan a trabajar conjuntamente en la interpretación de "la formula D del profesor Fisher", que es la que la jueza eligió para calcular el monto final a pagar.
Dicha fórmula, surge en realidad del mismo estatuto de YPF, que data de los '90 y que para la Argentina tiene una interpretación y para la contraparte otra diferente.
Y en ese tren de intentar hacer los cálculos que ordenó Preska es que ambas partes tampoco se pusieron de acuerdo para interpretar el monto final de la sentencia, que difiere en casi 1.000 millones de dólares.
La jueza Preska pidió a las partes un acuerdo conjunto que no se dio
Mientras que Petersen y Eton Park piden casi 16.000 millones de dólares, la Argentina difiere en el cálculo del eventual daño "en 800 millones de dólares", según precisaron los demandantes en el texto enviado a Preska.
Sin embargo, "esto no quiere decir que la Argentina esté de acuerdo con la sentencia ordenada por Preska ni con pagar 15.000 millones de dólares", explicó un abogado que sigue muy de cerca el caso a Télam.
"Tampoco quiere decir que renunciaba a su derecho de apelación", continuó la fuente. De hecho, en un pie de página de la carta de la defensa argentina reafirma su posición de apelar, que fue conocida ni bien se emitió el fallo.
Las mismas fuentes explicaron que lo único que hizo la Argentina con esta última carta fue puntualizar los montos de la sentencia, y cumplir con un paso procesal que nada tiene que ver con la opinión de la Argentina.
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