El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer un nuevo paquete de sanciones contra Venezuela que apunta a siete personas y a una veintena de empresas acusadas de beneficiarse del esquema de intercambio de divisas, una lista que incluye al millonario Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión.
“Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufría. El Tesoro está apuntando a esta red de intercambio de divisas que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado largo tiempo para robarle a su gente”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
A horas de que el presidente Nicolás Maduro comience mañana un segundo mandato, tras unos comicios desconocidos por varios países latinoamericanos, el propio Estados Unidos y la Unión Europea, el Tesoro anunció más sanciones, que se suman a las disposiciones que ya afectan a altos funcionarios del gobierno, incluyendo el jefe del Estado, su esposa y varios ministros y líderes chavistas.
El Tesoro añadió a la lista a 7 personas, incluidos la antigua Tesorera de la Nación Claudia Patricia Díaz y Gorrín, acusado de sobornar a la Oficina Nacional del Tesoro para realizar operaciones ilícitas de intercambio de divisas en Venezuela, un país donde rige un control de cambios.
“Nuestras acciones contra esta red corrupta de intercambio de divisas expone otra vez las deplorables prácticas de los componentes que el régimen venezolano han usado para beneficiarse a expensas del pueblo”, dijo Mnuchin.
Además la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a otros cinco individuos y a 23 entidades.
“Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar a los causantes del trágico declive de Venezuela, y va a seguir usando las herramientas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia”, dijo Mnuchin.
Maduro, asumirá un segundo mandato de seis años en un marco de ilegitimidad que presagia más aislamiento internacional, y en la peor crisis económica.
Maduro jurará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -y no frente al Congreso, único poder no oficialista-, tras ser reelegido el 20 de mayo en comicios boicoteados por la oposición, que denunció un fraude, y desconocidos por Estados Unidos, Canadá, la UE y 12 países latinoamericanos.
A excepción de México y respaldado por EE.UU., el Grupo de Lima, integrado por 14 países americanos, instó el viernes al presiente socialista a no posesionarse y a transferir el poder al Parlamento, lo que Caracas consideró una incitación a un golpe de Estado.
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