Jorge Di Lello celebró la confirmación del procesamiento del vicepresidente por parte de la Cámara Federal porteña; adelantó que la investigación ahora se profundizará sobre la ruta del dinero y los roles de la AFIP y la Casa de Moneda
Amado Boudou se sentaría en el banquillo de los acusados por el caso Ciccone después de las próximas elecciones; es decir, una vez que deje la vicepresidencia y que Cristina Kirchner termine su mandato.
Tras la confirmación del procesamiento del vice en la causa sobre la ex imprenta por parte de la Cámara Federal porteño, fue el fiscal Jorge Di Lello quien aventuró una fecha estimativa sobre el juicio oral.
"Yo calculo que va a ir a juicio después de las elecciones", dijo el fiscal, en diálogo con radio Vorterix. Di Lello dijo que "no sería inminente el juicio oral", aunque consideró que dicha instancia "sería buena para todos" si se resuelve en los próximos meses.
"Si es el vicepresidente y cometió delito, lo más sano es que no sea más vicepresidente. Si es el vicepresidente y no cometió delito, ayudaría a terminar con el manoseo", explicó el fiscal. "La Argentina es amante de las carátulas, que a veces son bien ganas y a veces bien inventadas", agregó.
Ayer, en un fallo unánime de sus tres integrantes, la sala I de la Cámara consideró probado que Boudou se quedó con el 70 por ciento de la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que ganó el contrato para imprimir los billetes de 100 pesos. Y que lo hizo a través de la firma The Old Fund como parte de una coima, para lo cual incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo de ministro de Economía, entre 2009 y 2011.
La Cámara confirmó también los procesamientos del socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su jefe de gabinete en el Palacio de Hacienda, Guido Forcieri.
Di Lello dijo que la investigación ahora se profundizará sobre la ruta del dinero y el rol de la AFIP y la Casa de Moneda. En su escrito, el camarista Eduardo Farah reclamó que Ricardo Echegaray sea llamado a indagatoria por el juez federal de primera instancia, Ariel Lijo. También pidió que se ahonde en la actuación del Banco Macro, de Jorge Brito, en la operatoria bajo sospecha.
Amado Boudou se sentaría en el banquillo de los acusados por el caso Ciccone después de las próximas elecciones; es decir, una vez que deje la vicepresidencia y que Cristina Kirchner termine su mandato.
Tras la confirmación del procesamiento del vice en la causa sobre la ex imprenta por parte de la Cámara Federal porteño, fue el fiscal Jorge Di Lello quien aventuró una fecha estimativa sobre el juicio oral.
"Yo calculo que va a ir a juicio después de las elecciones", dijo el fiscal, en diálogo con radio Vorterix. Di Lello dijo que "no sería inminente el juicio oral", aunque consideró que dicha instancia "sería buena para todos" si se resuelve en los próximos meses.
"Si es el vicepresidente y cometió delito, lo más sano es que no sea más vicepresidente. Si es el vicepresidente y no cometió delito, ayudaría a terminar con el manoseo", explicó el fiscal. "La Argentina es amante de las carátulas, que a veces son bien ganas y a veces bien inventadas", agregó.
Ayer, en un fallo unánime de sus tres integrantes, la sala I de la Cámara consideró probado que Boudou se quedó con el 70 por ciento de la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que ganó el contrato para imprimir los billetes de 100 pesos. Y que lo hizo a través de la firma The Old Fund como parte de una coima, para lo cual incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo de ministro de Economía, entre 2009 y 2011.
La Cámara confirmó también los procesamientos del socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su jefe de gabinete en el Palacio de Hacienda, Guido Forcieri.
Di Lello dijo que la investigación ahora se profundizará sobre la ruta del dinero y el rol de la AFIP y la Casa de Moneda. En su escrito, el camarista Eduardo Farah reclamó que Ricardo Echegaray sea llamado a indagatoria por el juez federal de primera instancia, Ariel Lijo. También pidió que se ahonde en la actuación del Banco Macro, de Jorge Brito, en la operatoria bajo sospecha.
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