Dos abogados los acusan a ellos y a otros funcionarios por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario.
La presidenta Cristina Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, más otros altos cargos, fueron denunciados hoy penalmente en la Justicia por la designación de dos integrantes de La Cámpora en la Auditoría General de la Nación (AGN).
Las demandas fueron presentadas por dos asociaciones civiles, mientras que los diputados de la oposición, que en la sesión del miércoles cuestionaron ambos nombramientos, analizan la posibilidad de llevar el caso a la Justicia y plantear una nueva votación después de que asuma la nueva conformación de la Cámara.
En la Cámara Federal porteña fueron recibidas esta mañana las dos denuncias que, por sorteo, recayeron en los juzgados federales 10 y 12, a cargo de Julián Ercolini y Sergio Torres, respectivamente.
Una de las presentaciones fue realizada por el abogado porteño José Magioncalda, de la asociación Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que pidió investigar a Domínguez por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La otra, radicada por Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, planteó que se investigue si se perpetraron los delitos de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, estafa y defraudación contra la administración publica".
Además de la Presidenta y Domínguez, los denunciados fueron la titular de la bancada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, y los camporistas Julián Alvarez y Juan Ignacio Forlón, que asumieron como miembros de la AGN.
En un comunicado de prensa, Domínguez ratificó que desde el oficialismo "actuamos conforme a derecho" y acusó a "la alianza de la UCR y el PRO" de transferir "su problema interno" a la Cámara porque "no pudieron acordar qué nombre poner como auditor".
Sin embargo, el radical Horacio Pernasetti sostuvo que el kirchnerismo avaló el ingreso de dirigentes de La Cámpora a la AGN a fin de establecer "un corset" en ese organismo para "asegurarle impunidad" a la Presidenta.
Pernasetti, junto a los peronistas Oscar Lamberto y Vicente Brusca, ejercieron hasta ayer sus funciones como auditores.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió la designación de Alvarez y Forlón y argumentó que "si los plazos están vencidos", como en este caso, "es responsabilidad del Poder Ejecutivo" designar a los reemplazantes.
En medio de este escándalo, el jefe de la bancada radical, Mario Negri, reveló en un comunicado de prensa que "el pasado martes" presentó una nota a Domínguez, "junto a Graciela Camaño, Elisa Carrió y Federico Pinedo informándole que no se podía llevar adelante una designación de auditores", ya que debía "esperar la nueva composición de la Cámara".
En tanto, Pinedo sostuvo que con estos nombramientos, el kirchnerismo está "cubriéndose la espalda ante cualquier investigación" y advirtió que se presentarán ante la Justicia para impugnar las designaciones.
Por su parte, Patricia Bullrich advirtió que "no vamos a permitir que quieran apropiarse del Estado de manera ilegal", al tiempo que evaluó "necesaria una modificación al artículo 265 del Código Penal" para "expresar la incompatibilidad, cuando se trate de funcionarios que deban ser auditados".
Adrián Pérez (Frente Renovador) indicó a DyN que estudiaban la posibilidad de una presentación conjunta de la oposición, aunque uno de los aliados al massismo, Alberto Asseff ya preparó "una medida cautelar para que los nombrados (Alvarez y Forlón) sean inhibidos para actuar".
También en diálogo con esta agencia, Omar Duclós (Progresistas) desalentó la posibilidad de una medida judicial y reveló que "algunos prefieren votar la revocatoria de las designaciones con la nueva composición de la Cámara".
La presidenta Cristina Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, más otros altos cargos, fueron denunciados hoy penalmente en la Justicia por la designación de dos integrantes de La Cámpora en la Auditoría General de la Nación (AGN).
Las demandas fueron presentadas por dos asociaciones civiles, mientras que los diputados de la oposición, que en la sesión del miércoles cuestionaron ambos nombramientos, analizan la posibilidad de llevar el caso a la Justicia y plantear una nueva votación después de que asuma la nueva conformación de la Cámara.
En la Cámara Federal porteña fueron recibidas esta mañana las dos denuncias que, por sorteo, recayeron en los juzgados federales 10 y 12, a cargo de Julián Ercolini y Sergio Torres, respectivamente.
Una de las presentaciones fue realizada por el abogado porteño José Magioncalda, de la asociación Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que pidió investigar a Domínguez por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La otra, radicada por Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, planteó que se investigue si se perpetraron los delitos de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, estafa y defraudación contra la administración publica".
Además de la Presidenta y Domínguez, los denunciados fueron la titular de la bancada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, y los camporistas Julián Alvarez y Juan Ignacio Forlón, que asumieron como miembros de la AGN.
En un comunicado de prensa, Domínguez ratificó que desde el oficialismo "actuamos conforme a derecho" y acusó a "la alianza de la UCR y el PRO" de transferir "su problema interno" a la Cámara porque "no pudieron acordar qué nombre poner como auditor".
Sin embargo, el radical Horacio Pernasetti sostuvo que el kirchnerismo avaló el ingreso de dirigentes de La Cámpora a la AGN a fin de establecer "un corset" en ese organismo para "asegurarle impunidad" a la Presidenta.
Pernasetti, junto a los peronistas Oscar Lamberto y Vicente Brusca, ejercieron hasta ayer sus funciones como auditores.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió la designación de Alvarez y Forlón y argumentó que "si los plazos están vencidos", como en este caso, "es responsabilidad del Poder Ejecutivo" designar a los reemplazantes.
En medio de este escándalo, el jefe de la bancada radical, Mario Negri, reveló en un comunicado de prensa que "el pasado martes" presentó una nota a Domínguez, "junto a Graciela Camaño, Elisa Carrió y Federico Pinedo informándole que no se podía llevar adelante una designación de auditores", ya que debía "esperar la nueva composición de la Cámara".
En tanto, Pinedo sostuvo que con estos nombramientos, el kirchnerismo está "cubriéndose la espalda ante cualquier investigación" y advirtió que se presentarán ante la Justicia para impugnar las designaciones.
Por su parte, Patricia Bullrich advirtió que "no vamos a permitir que quieran apropiarse del Estado de manera ilegal", al tiempo que evaluó "necesaria una modificación al artículo 265 del Código Penal" para "expresar la incompatibilidad, cuando se trate de funcionarios que deban ser auditados".
Adrián Pérez (Frente Renovador) indicó a DyN que estudiaban la posibilidad de una presentación conjunta de la oposición, aunque uno de los aliados al massismo, Alberto Asseff ya preparó "una medida cautelar para que los nombrados (Alvarez y Forlón) sean inhibidos para actuar".
También en diálogo con esta agencia, Omar Duclós (Progresistas) desalentó la posibilidad de una medida judicial y reveló que "algunos prefieren votar la revocatoria de las designaciones con la nueva composición de la Cámara".
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