El Estado nacional destinó más de $ 26.000 millones a esa mina, cuya producción está en los mismos niveles que tenía en 1953.
Omar Zeidan, interventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), denunció al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y a otros funcionarios por “administración fraudulenta y malversación de fondos públicos”.
El yacimiento de Río Turbio, que posee 3.000 empleados, exhibe tres kilómetros de derrumbe y estrangulación en la mina, peligro de derrumbe en las galerías y abandono de la red troncal de explotación. De Vido y otros funcionarios utilizaron a Fernando Lisse, decano de la Facultad Regional Río Gallegos, al decano de la Facultad Regional Río Gallegos de la UTN, Martín Juan Goicoechea, y el presidente de la Fundación de Facultad Regional de Río Gallegos, Hugo Sánchez, para firmar 71 contratos por $ 13.750.000 cada uno eludiendo los controles del Estado, según la denuncia.
El ministerio de Planificación delegó los contratos a la UTN y la Fundación de la Facultad Regional, que se dedicaron a comprar activos y gastar sin resultados a la vista. De esta manera, las contrataciones no tenían que pasar por los controles rigurosos de las contrataciones públicas, maniobra también denunciada.
El kirchnerismo expresó que dotaría de fondos a Río Turbio para lograr una producción de 2,2 millones de toneladas anuales. En 2015, la mina extrajo 48.000 toneladas. Es un 0,2% del objetivo por el cual el oficialismo le destinó más de $ 26.000 millones.
La actual intervención de YCRT encontró un yacimiento “destruido “y con riesgo de derrumbe y explosión de continuar así”, aseguraron. Sobre los miles de millones que debían ir a esa mina, la SIGEN consideró que “el destino de los fondos no fue el yacimiento, ni se aplicó a otros fines legales preestablecidos por la ley.
Omar Zeidan, interventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), denunció al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y a otros funcionarios por “administración fraudulenta y malversación de fondos públicos”.
El yacimiento de Río Turbio, que posee 3.000 empleados, exhibe tres kilómetros de derrumbe y estrangulación en la mina, peligro de derrumbe en las galerías y abandono de la red troncal de explotación. De Vido y otros funcionarios utilizaron a Fernando Lisse, decano de la Facultad Regional Río Gallegos, al decano de la Facultad Regional Río Gallegos de la UTN, Martín Juan Goicoechea, y el presidente de la Fundación de Facultad Regional de Río Gallegos, Hugo Sánchez, para firmar 71 contratos por $ 13.750.000 cada uno eludiendo los controles del Estado, según la denuncia.
El ministerio de Planificación delegó los contratos a la UTN y la Fundación de la Facultad Regional, que se dedicaron a comprar activos y gastar sin resultados a la vista. De esta manera, las contrataciones no tenían que pasar por los controles rigurosos de las contrataciones públicas, maniobra también denunciada.
El kirchnerismo expresó que dotaría de fondos a Río Turbio para lograr una producción de 2,2 millones de toneladas anuales. En 2015, la mina extrajo 48.000 toneladas. Es un 0,2% del objetivo por el cual el oficialismo le destinó más de $ 26.000 millones.
La actual intervención de YCRT encontró un yacimiento “destruido “y con riesgo de derrumbe y explosión de continuar así”, aseguraron. Sobre los miles de millones que debían ir a esa mina, la SIGEN consideró que “el destino de los fondos no fue el yacimiento, ni se aplicó a otros fines legales preestablecidos por la ley.
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