Al menos 900 niñas, niños y adolescentes cruzan por día en forma irregular la frontera entre la localidad argentina de La Quiaca y la boliviana de Villazón, en tanto se estima que unos 18.000 niños bolivianos trabajan en talleres clandestinos y campos en la Argentina, según una investigación realizada para el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
El dato surge de una estadística realizada por la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca, que abrió un refugio en La Quiaca ante la preocupación por el incremento de pedidos de ayuda.
"Son todos chicos del lugar que cruzan cotidianamente tanto desde La Quiaca a Villazón, como desde Villazón a La Quiaca y, entre ellos, se camufla a las víctimas captadas”, afirman de la Pastoral en un informe, utilizado como fuente para la investigación.
La extensa nota, titulada Los Invisibles de la Quiaca y realizada por Diego Granda en el marco del proyecto La Otra Trama, citó además declaraciones del ex Defensor Departamental de Potosí, Jorge Oporto Ordoñez, al Diario El Tribuno, en las que asegura que "durante 2010 pasaron por la frontera 25.000 niños y jóvenes, de los cuales sólo retornaron 7.000".
"Es decir que unos 18.000 niños y niñas bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual", sostuvo el ex funcionario boliviano.
Oporto Ordoñez precisó que "una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos".
Con detalles de los casos de Antonella -una niña de 14 años que logró se rescatada- y Ariel -un adolescente de 17 que permanece desaparecido-, la investigación da cuenta de la situación de vulnerabilidad que viven los menores de 18 años a ambos lados del pase fronterizo, cuya estructura y falta de controles posibilita la circulación irregular.
"La última medida de control en la frontera fue crear un cerco —de alambre y vigas de cemento— de 500 metros de largo alrededor del paso oficial, para encauzar a la gente por el corredor legal. Fue una iniciativa de Gendarmería, costeada por el Ministerio del Interior durante la gestión de Florencio Randazzo", describe la nota.
Pero agregó que "a los pocos días, el alambrado ya estaba dañado, y así sigue. Es una frontera colador, supervisada por el sistema llamado Área de Control Integrado: Gendarmería, junto al Escuadrón 21 de La Quiaca, velan por la seguridad; AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA) controlan los equipajes y vehículos, y Migraciones controla a quienes pasan".
"Los empleados de Migraciones perciben salarios inferiores a los de los otros dos organismos y son, paradójicamente, los encargados de velar por los derechos de las personas", precisaron.
Fuente: TELAM
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