Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques entregaron el dictamen hoy al juez Ercolini.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron la imputación contra la ex presidenta, en la causa en la que fue citada a declaración indagatoria por irregularidades en la adjudicación de obra pública al detenido empresario Lázaro Báez, según el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini.
En un dictamen de 135 páginas que entregaron al juez federal Julián Ercolini, los fiscales aseguraron haber obtenido más pruebas de cómo fue la "maniobra ideada previamente con el fin de asignar y destinar" por distintas vías oficiales "millonarias cantidades de fondos públicos" a Baez, "a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar".
La ex mandataria está citada a prestar declaración indagatoria en el marco de esta causa el 31 de octubre y fuentes judiciales aseguraron a Télam que la ampliación de la imputación no implicará cambios en esa fecha dado que el juez cuenta con el tiempo suficiente para correr vista a las partes antes de que se concrete esa cita judicial.
En el marco de esta causa, también fueron llamados a prestar declaración indagatoria el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido (24 de octubre), el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López (27 de octubre) y el propio Báez (2 de noviembre).
Los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que la maniobra para direccionar las adjudicaciones de obras públicas en favor de la empresa Austral Construcciones, de Báez, se habría llevado a cabo a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y analizaron 15 obras viales, que fueron presentadas como los casos testigos con los que respaldaron su nuevo dictamen.
"Se verifica que en todas las obras analizadas que le fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado", sostuvieron.
Policita y Mahiques aseguraron que el gobierno kirchneristas "favoreció una millonaria asignación de recursos a la Dirección Nacional de Vialidad dependiente del Ministerio de Planificación convirtiéndolo en el principal organismo a través del cual el Estado nacional invirtió en el país y en una caja de recursos dirigidos a la Provincia de Santa Cruz".
En la misma dirección, señalaron que a través de ese armado, "y conforme un plan previamente ideado y a partir del cual el caso cobra relevancia penal", fue favorecida la "la empresa insignia del amigo de la ex familia presidencial Austral Construcciones en perjuicio de las rentas de la Nación".
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron la imputación contra la ex presidenta, en la causa en la que fue citada a declaración indagatoria por irregularidades en la adjudicación de obra pública al detenido empresario Lázaro Báez, según el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini.
En un dictamen de 135 páginas que entregaron al juez federal Julián Ercolini, los fiscales aseguraron haber obtenido más pruebas de cómo fue la "maniobra ideada previamente con el fin de asignar y destinar" por distintas vías oficiales "millonarias cantidades de fondos públicos" a Baez, "a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar".
La ex mandataria está citada a prestar declaración indagatoria en el marco de esta causa el 31 de octubre y fuentes judiciales aseguraron a Télam que la ampliación de la imputación no implicará cambios en esa fecha dado que el juez cuenta con el tiempo suficiente para correr vista a las partes antes de que se concrete esa cita judicial.
En el marco de esta causa, también fueron llamados a prestar declaración indagatoria el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido (24 de octubre), el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López (27 de octubre) y el propio Báez (2 de noviembre).
Los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que la maniobra para direccionar las adjudicaciones de obras públicas en favor de la empresa Austral Construcciones, de Báez, se habría llevado a cabo a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y analizaron 15 obras viales, que fueron presentadas como los casos testigos con los que respaldaron su nuevo dictamen.
"Se verifica que en todas las obras analizadas que le fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado", sostuvieron.
Policita y Mahiques aseguraron que el gobierno kirchneristas "favoreció una millonaria asignación de recursos a la Dirección Nacional de Vialidad dependiente del Ministerio de Planificación convirtiéndolo en el principal organismo a través del cual el Estado nacional invirtió en el país y en una caja de recursos dirigidos a la Provincia de Santa Cruz".
En la misma dirección, señalaron que a través de ese armado, "y conforme un plan previamente ideado y a partir del cual el caso cobra relevancia penal", fue favorecida la "la empresa insignia del amigo de la ex familia presidencial Austral Construcciones en perjuicio de las rentas de la Nación".
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